«Vendí solo 100.000 y por 8.000 euros»

José Luis JiménezJosé Luis Jiménez

SANTIAGO
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El empresario acusado por la Policía de haber robados dos millones de mascarillas de una nave en un polígono industrial de Santiago de Compostela para su reventa en Portugal lo niega todo. A través de un escueto comunicado remitido a los medios de comunicación, Javier Conde, propietario de una inmobiliaria en la capital gallega, sostiene que «por mi persona no se cometió ningún delito de robo», dado que «el acceso» a las instalacionese «se realizó siempre con autorización». Estas dependencias pertenecen a la compañía Oxidoc, quebrada hace años y que se encuentra en concurso de acreedores.

En declaraciones a ABC, Conde niega que se produjera robo alguno ni que forzara la entrada en la nave industrial porque «tengo autorización por escrito desde 2015 del administrador concursal para entrar, cambiar la cerradura y limpiarla». Su inmobiliaria, según su versión, tenía el encargo de vender estas instalaciones, un cometido «que daba problemas por la suciedad» que había en su interior. Además, Conde matiza que el material allí almacenado «estaba caducado todo desde 2014», aunque reconoce que sí vendió una parte del mismo «pero nada que ver con las cifras que se manejan». En sede judicial, mantiene el empresario, cifró el montante de la operación en 8.000 euros, lejos de los cinco millones que calcula la Policía Autonómica. Conde rebaja a «100.000 mascarillas» la venta realizada.

Su relato dista mucho de la recogida en la investigación policial, realizada por agentes de unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta de Galicia. Fuentes conocedoras del caso niegan tajantemente que en el interior de la nave se hubieran sustraido solo las 100.000 mascarillas que refiere Conde, y ponen como ejemplo las cuarenta horas que tardaron en cargar el material en un trailer con matrícula portuguesa, tal y como recogen las cámaras de seguridad. Es más, tienen concretada la fecha del robo: el 6 de febrero. Los supuestos ladrones dejaron por el suelo hasta resguardos de comida a domicilio que encargaron el día de autos. El comprador del material, según estas fuentes, fue un ciudadano portugués que en enero ya había ido a visitar la nave como posible interesado para su compra. Entonces declinó esta posibilidad, pero en febrero regresó con la opción de adquirir el contenido de la misma.

Al respecto de la caducidad alegada por Conde a modo de eximente, la Policía Autonómica sopesa acusarlo por un posible delito contra la salud pública al haber puesto en el mercado material sanitario caducado a sabiendas, según indicaron a ABC. Sobre todo cuando el destinatario último de las mascarillas ha sido una empresa del norte de Portugal, que los agentes ya tienen identificada, que se dedica precisamente a la venta de material sanitario y de seguridad, y que tiene clientes en España. De hecho, la Policía explica que se extrajeran las mascarillas de sus cajas y envases para ocultar su caducidad, además de dificultar su trazabilidad e identificación.

No obstante, el argumento de la caducidad no es aplicable en este caso, ya que el propio Ministerio de Sanidad, a través de un documento publicado el 30 de marzo titulado «Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2» indica la posibilidad de utilizar materia sanitario fuera de la vida útil recomendada por el fabricante siempre que previamente se realiza una inspección visual del mismo. Los agentes estiman que estas mascarillas FFP2, las de más alta calidad, dentro de sus correspondientes cajas y envases, sí podía haberse acogido a esta medida y resultar válido en las actuales circunstancias.

Sin autorización

Los investigadores tienen constancia documental de la administración concursal de Oxidoc —una firma con sede en Baleares— de que Conde no disponía de autorización para el acceso a la nave ni para la venta del material en ella almancenado. Igualmente, Conde habría reconocido en sede policial que el comprador portugués le dijo llevarse «un millón de mascarillas», muy lejos de las 100.000 que él cuantifica como objeto de la venta. Las citadas fuentes destacaron que «los responsables de la investigación se implicaron a fondo en el caso y lo tomaron como algo personal», dada la problemática social de falta de materiales de seguridad generada por la crisis del coronavirus.

Tras ser detenido el viernes y pasar la noche en los calabozos de los juzgados de Santiago de Compostela, Javier Conde fue puesto el sábado de manera telemática a disposición de la juez Ana López Suevos, titular del Juzgado de Instrucción nº1 de la capital gallega y que se encontraba de guardia. El empresario está acusado de un presunto delito de robo con fuerza, en libertad sin fianza y sin adopción de otras medidas cautelares —no las solicitaron ni Fiscalía ni la juez—, después de que la Policía no apreciara riesgo de fuga.

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