Un cambio con diferencia de criterio

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La Consellería de Política Social ya cuenta con licencia de demolición para el edificio de la antigua guardería Virgen del Carmen, cuyo solar adquirió en octubre para construir en el mismo una residencia de mayores que será financiada con 15 millones de euros por la Fundación Amancio Ortega. El pleno municipal aprobó la semana pasada el cambio de uso de esa parcela, de 9.652 metros cuadrados y que hasta entonces estaba calificada como equipamiento docente de titularidad privada, al de equipamiento asistencial público.

La iniciativa recibió en la sesión plenaria el respaldo de todos los grupos municipales a excepción del de Marea Atlántica, que decidió abstenerse al considerar irregular esta actuación. El concejal Xiao Varela, responsable de urbanismo en el anterior Gobierno local, calificó de «no correcto» el procedimiento empleado para recalificar la parcela y advirtió: «los atajos no son nada buenos en urbanismo».

Pero su argumentación fue rechazada por el titular de esta área en el Ejecutivo municipal, Juan Díaz Villoslada, quien rechazó que la fórmula elegida sea un «atajo» y recordó que cuenta con el aval de la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo y del propio secretario municipal a través de sus respectivos informes. El PP también defendió esta postura a través del concejal y arquitecto Antonio Deus.

Marea Atlántica no varió su postura y mantuvo su abstención. Varela explicó posteriormente a este periódico que según los técnicos de la Xunta «por el hecho de que comprase la parcela ya pasa a ser de naturaleza pública», cuando en su opinión no es así. A su juicio, el trámite efectuado «no le cambia la naturaleza a la parcela, por lo que si en el futuro la Xunta cambia de opinión, y más teniendo en cuenta la gestión que hace de las residencias y decide enajenar esa parcela, puede hacerlo porque no quedó blindada la naturaleza pública de ese suelo». Según Varela, sería necesario realizar una modificación del plan general, con la presentación de los informes sectoriales correspondientes y alegaciones de los afectados, aunque existiría la alternativa de que Xunta y Concello suscribiesen un convenio sobre este asunto.

El Gobierno local mantiene la postura que ya expuso en el pleno y se remite a los informes técnicos que respaldaron la aprobación del cambio de uso del terreno. La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo indica en su dictamen que la Lei do Solo permite al pleno cambiar el uso de una parcela destinada a equipamiento público «por otro uso dotacional público distinto, siempre que se mantenga la titularidad pública o se destine a incrementar las zonas verdes y los espazos libres públicos».

A esto añade que «son razones de interés general las que justifican que en el supuesto de los equipamientos públicos se establezca este procedimiento excepcional de modificación del planeamiento, para poder de este modo dar una respuesta rápida a las necesidades dotacionales reales de la población». Para este departamento, el fin al que se destinará la finca «es lo que legitima que su finalidad sea la satisfacción del interés general y, en este caso, el que justifica debidamente el cambio de uso solicitado».

El secretario municipal coincide con esta argumentación en su informe y cita sentencias del Tribunal Supremo que apoyan cambios urbanísticos cuando persigan el interés general, por lo que concluye que en esta modificación «existe una concordancia entre la solución elegida y la realidad a la que se aplica».

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