Móstoles denunciará al consejero de Sanidad por el protocolo de derivación en residencias

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El Gobierno de Móstoles denunciará ante el Juzgado y la Fiscalía al Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, por “un presunto delito de vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas y otro presunto delito de omisión del deber de socorro por la grave situación que han vivido los mayores de las residencias de gestión privada y pública autonómica de Móstoles“, señala en un comunicado.

El Gobierno Local pedirá al Juzgado que investigue si la Consejería de Sanidad, que dirige Ruiz Escudero, elaboró un documento/protocolo que establecía “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias de la Comunidad de Madrid. Un documento que fue remitido a hospitales y residencias de la Comunidad de Madrid con motivo del estado de alarma y la situación excepcional derivada de la pandemia de la covid19, tal y como refleja la información publicada por el diario Infolibre el 26 de mayo.

Argumentos del ayuntamiento

Según esa información, Ruiz Escudero habría dado órdenes escritas a las residencias de mayores que dependen de la Comunidad de Madrid para que estableciesen criterios selectivos que determinaban qué enfermos tenían derechos y podían ser enviados y tratados en los hospitales y a cuáles enfermos se les debía negar la asistencia hospitalaria, aunque lo solicitasen expresamente y su cuadro médico así lo requiriese.

Una discriminación que, para el Gobierno de Móstoles, “es inmoral” ya que “transformaba las residencias de mayores en campos de extermino selectivo en los que se decidía quién debería recibir tratamiento y quién no, dando a estas personas un trato inhumano y degradante al negarles arbitrariamente el derecho a ser tratados en hospitales de forma adecuada”.

Además, “el protocolo establecido por la Comunidad de Madrid vulnera los derechos constitucionales de los afectados y, concretamente, el Artículo 14 de la Constitución Española que dispone que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cuestión de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La alcaldesa pide una investigación

El Gobierno de Móstoles considera que “la aplicación de este protocolo selectivo puede constituir también una vulneración de los derechos fundamentales y las libertades públicas y, según el artículo 196 del Código Penal, un presunto delito de omisión del deber de socorro por parte de los profesionales que lo habrían aplicado”.

Ante la grave situación vivida en algunos de los centros de mayores de Móstoles, la alcaldesa Noelia Posse, pedirá que se investigue si en las residencias de mayores Parque de Coimbra, Domus VI Ciudad de Móstoles, Coimbra Park, Alameda de Coimbra, Las Camelias, Nuestra Señora de La Esperanza y Sar Quavitae se aplicó este protocolo por orden de la Consejería de Sanidad y que se requiera toda la información necesaria para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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