La juez del 8-M rechaza archivar la causa contra el Delegado del Gobierno y mantiene su citación para este miércoles

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La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha rechazado este martes archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, como solicitó la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Asimismo mantiene la declaración de Franco prevista para este miércoles.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, comparecerá ante la juez Carmen Rodríguez Medel este miércoles a las 15.30 horas como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir la celebración de concentraciones multitudinarias entre los pasados 5 y 14 de marzo, entre ellas la marcha del 8-M.

La juez le ha citado de Madrid, de forma presencial, para que explique por qué autorizó manifestaciones los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.

También comparecerán entre miércoles y jueves varios trabajadores de la Delegación y los convocantes de varias manifestaciones en los días previos a la declaración del estado de alarma.

La jueza rechaza los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la investigación sobre la manifestación del Día de la Mujer, al afirmar que la tramitación de los procedimientos penales no ha sido suspendida durante el estado de alarma y no ha habido dilaciones. Por ello, “no puede prosperar la alegación de que todo es nulo porque la jurisdicción penal estaba paralizada”.

Contra esta resolución, de 17 folios, cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

La investigación se inició el 23 de marzo, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid admitió la denuncia presentada por un particular por estos hechos. Desde entonces trata dilucidar desde cuándo conocía la Delegación del Gobierno en Madrid el riesgo de contagio por coronavirus y si omitió la alerta que emitió el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades el 2 de marzo, así como las recomendaciones sanitarias.

Para esclarecer los hechos, la magistrada solicitó al médico forense adscrito al juzgado que analizará si la manifestaciones “fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas”, y a la Guardia Civil que investigara la actuación del delegado del Gobierno y el curso dado a las advertencias sanitarias.

El segundo de los informes fue el desencadenante del cese del Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid por parte del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, que alegó “falta de confianza” en el coronel De los Cobos, aunque posteriormente cambió su versión para tratar de justificar su decisión en la filtración de dicho informe. El informe elaborado por la Guardia Civil se mostraba crítico hacia la actuación de la Delegación del Gobierno ante la manifestación masiva del 8-M. Según este informe la Delegación del Gobierno de Madrid tenía conocimiento del riesgo del coronavirus desde “mediados de febrero”, cuando los máximos responsables de Prevención de Riesgos Laborales ya comenzaron a reunirse para adoptar medidas concretas para evitar contagios entre el personal.

Precisamente este lunes, la juez recibió un segundo informe del médico forense adscrito al juzgado, en el que afirma que “la hecatombe en España” que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus “se veía venir” desde semanas antes del 8 de marzo.

Asimismo, los agentes del Instituto Armado también cuestionan que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que preside Fernando Simón no difundiera una alerta europea sobre el riesgo del coronavirus recibido el pasado 2 de marzo.

La denuncia de Jupol contra Illa y Simón recae en el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid

Por otro lado, la juez que ya rechazó investigar a Fernando Simón decidirá si abre causa contra él y Franco por la gestión del covid-19.


Fernando Simón |EFE

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la querella presentada por el sindicato del Cuerpo Nacional de Policía Jupol contra éste y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por su gestión de la pandemia del coronavirus y también contra altos caros de Sanidad y de la Policía Nacional por los presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid.

La titular de este juzgado, María del Coro Monrela, inadmitió la querella presentada por la Asociación Española de Víctimas y Damnificados por el Covid-19 (ADAVIC-19) contra Simón al considerar que los hechos que se le imputaban no son constitutivos de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, prevaricación y denegación de auxilio, que se le atribuían. Además, la magistrada afeó que la intención de la querella era abrir una causa general por las muertes derivadas del virus y que se pretendía una investigación prospectiva.

Jupol apunta a Simón al entender que el centro que dirige no adoptó ninguna medida de seguridad cuando elaboró un informe técnico sobre el coronavirus, con fecha del pasado 10 de febrero, y “privó a la población de la información que se contenía en dicho informe”.

Illa sobre el 8-M: se tomaron medidas adecuadas con la información que había

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado este martes en relación con la investigación sobre la celebración de actos el 8M que “se tomaron las medidas que en aquel momento, con la información disponible, eran adecuadas, y perfectamente alineadas y conformes con los organismos internacionales”.

Illa ha respondido así, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ha elogiado el trabajo “magnífico” del doctor Simón al frente del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias y de todo su equipo, antes de precisar que en los días previos al 8 de marzo España estaba “en fase de contención, y no en fase de mitigación” de la epidemia del coronavirus.

“Seguimos todas la recomendaciones internacionales y, de acuerdo con los datos que nos notificaban las comunidades autónomas, no había evidencia de transmisión comunitaria sostenida, sino evidencia de trasmisión comunitaria localizada”, ha explicado.

Fernando Simón, por su parte, aseguraba este lunes que “no hemos menospreciado ningún riesgo, todas las decisiones han sido tomadas con la mayor celeridad posible” que ha reiterado que “la toma de decisiones en España en relación a la pandemia fue más precoz que en otros países, pero la toma decisiones se tiene que hacer en base a una información sólida y a una evidencia”.

Sobre los supuestos retrasos en la entrega de información al Juzgado, Simón ha dicho que “no se si hubo demora o no en facilitar la información, si fue así no fue intencionada y se hizo todo lo posible”.

Vox anunció este martes que va a pedir personarse en la causa judicial sobre la marcha en Madrid del 8-M para evitar que el Gobierno consiga su archivo mediante la Abogacia del Estado y la Fiscalía.

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