La izquierda, ecologistas y sindicatos, contra la reforma de la Ley del Suelo de Ayuso

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La izquierda madrileña, asociaciones de vecinos, ecologistas y sindicatos han firmado un manifiesto contra la reforma de la ley del suelo propuesta por Díaz Ayuso. Denuncian que se vuelve al “ladrillazo” perdiendo garantías trabajadores y consumidores.

Varias organizaciones sociales, políticas y sindicales han pedido a la Comunidad de Madrid que retire el anteproyecto destinado a modificar la Ley del Suelo, que es -dicen- una vuelta del PP “a las andadas” y al “ladrillazo” que permitiría construir sin control urbanístico y medioambiental.

En un manifiesto divulgado este miércoles “contra la reforma parcial de la Ley del Suelo del Gobierno de Díaz Ayuso”, sus firmantes rechazan “los atajos” para la reforma de la ley y reclaman, por el contrario, la redacción de una Ley “nueva”, con seguridad jurídica y que respete la normativa sectorial y estatal de carácter ambiental y urbanístico y de defensa del patrimonio.

Entre las organizaciones firmantes del Manifiesto figuran los sindicatos UGT y CCOO, varias asociaciones de vecinos de Madrid, Ecologistas en Acción, ‘Madrid, Ciudadania y Patrimonio’, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, los partidos Equo, PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales.

El 13 de mayo pasado, la Comunidad de Madrid inició la tramitación de dicho anteproyecto como una medida “imprescindible” para “contribuir a que la reactivación económica en la Comunidad de Madrid sea lo antes posible” tras la pandemia. Ahora, las organizaciones denuncian que la Comunidad de Madrid pretende modificar la Ley mediante el “procedimiento de lectura única, con el cual “se elude el debate en comisión parlamentaria y se lleva directamente a votar sí o no en el pleno (de la Asamblea de Madrid) sin el más elemental tiempo para la discusión y el debate”.

Los firmantes del Manifiesto piden la redacción de una nueva Ley que simplifique y agilice administrativamente la actividad urbanística pero también “un proceso de diálogo” en el que los grupos políticos, las entidades y agentes sociales y la ciudadanía en general “puedan dar su opinión, para concitar el mayor grado de consenso posible“. “Pedimos -dicen- que se ponga en marcha un procedimiento participativo con los grupos parlamentarios y partidos políticos, los sindicatos, los colegios y asociaciones profesionales, la FRAVM y las entidades sociales interesadas, así como con los Ayuntamientos, a través de la Federación Madrileña de Municipios, con el fin de consensuar un nuevo texto legal”.

El Manifiesto dice además que, en tanto que el anteproyecto publicado tiene una “enorme incidencia” en la actividad de los municipios, es “incomprensible” que no se haya compartido la iniciativa en el seno de la Federación Madrileña de Municipios, “de forma que su Comisión de Urbanismo pueda debatir y emitir el dictamen correspondiente”.

Ante la “excusa” de la Comunidad de Madrid de que la reforma normativa está vinculada “a la reactivación económica”, los firmantes dicen que el plan del Gobierno regional “supone apostar de nuevo por la construcción, una vuelta a las políticas del ladrillo que tanto daño hicieron al desarrollo equilibrado de nuestra región en el pasado”. “No existe además ninguna prueba de que este tipo de desregulación pueda animar la economía de forma significativa, puesto que la mayor parte de la actividad constructiva seguirá necesitando obtener las licencias urbanísticas correspondientes, y solamente se facilitan un tipo de proyectos muy determinados”, dice el Manifiesto.

Las organizaciones destacan, entre otros aspectos, que la reforma legislativa supone la “vuelta a la lógica del ladrillazo”, que “permite realizar demoliciones sin control previo”, o que permitirá “implantar usos ilegales, molestos o ruidosos en parcelas y locales sin que nadie compruebe previamente su legalidad”. Además, creen que “proliferarán negocios e instalaciones que no cumplan normativa, perturbando al vecindario y al medio ambiente”, que “se permitirá demoler edificios de valor histórico y cultural sin control previo”, y que “el propietario podría demoler los edificios antes de que se haga el procedimiento de protección”. Y también, dicen, “se aumenta el riesgo de construcción en suelo no urbanizable al permitirse parcelaciones rápidas sin control previo”.

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