El Supremo impide obtener la crcel sin coste por la “contradiccin” del Concello

La carrera judicial iniciada por el Concello en 2014 para conseguir anular el convenio de 2005 mediante el que debía abonar 1,2 millones para hacerse con la antigua prisión provincial llega a su fin con la sentencia del Tribunal Supremo que considera imposible seguir esa vía. El Gobierno local de Carlos Negreira planteó una revisión de oficio del acuerdo suscrito por el alcalde Francisco Vázquez con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que ya fue rechazada en una sentencia de la Audiencia Nacional emitida en 2016 que ahora es confirmada por el Supremo.

El Gobierno local evitó ayer pronunciarse sobre el contenido del fallo, del que dijo que lo estudiará con la asesoría jurídica antes de comentarlo, por lo que también rehusó manifestarse sobre si finalmente abonará la cantidad establecida en el convenio y en qué momento. El pasado mes de febrero, la alcaldesa, Inés Rey, declaró que el Concello estudiaba varios proyectos para la antigua cárcel, pero advertía de que será necesaria una “inversión importantísima” que no quiso cuantificar, aunque fuentes municipales indicaron a este periódico que estaría sobre los 30 millones de euros.

“Es un edificio que está cerrado precisamente por el mal estado en el que se encuentra”, dijo entonces Rey, quien justificó que permanezca cerrado al público porque “es un riesgo y un peligro tenerla abierto”, por lo que para su apertura “se necesita una reforma integral, una reforma que es además muy cara”.

El Alto Tribunal considera que al presentar el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional el Concello “incurre en contradicción cuando ha adoptado acuerdos municipales que comportan la eficacia del convenio, para después terminar invocando su nulidad en abierta contradicción con aquellas actuaciones”. Aunque la sentencia no menciona a qué acuerdos se refiere, entre ellos debe figurar el alcanzado por el Gobierno local de Marea Atlántica con el Gobierno central para hacer uso de la antigua prisión mientras no se resolvía este conflicto judicial.

El fallo advierte además que la decisión adoptada por el Concello en 2014 era sobre un convenio entre dos partes, lo que considera como “peculiar en orden a la posibilidad de instar su revisión de oficio”. Según el tribunal, del mismo modo que el Concello impulsó esa actuación, “nada impediría” a la Administración del Estado “poder ejercer sus potestades, por ejemplo la de autotutela, declarando no solo la validez del convenio sino incluso sus potestades de ejecución”, situación de la que advierte que “no sería pensable porque generaría un conflicto competencial que no puede ser amparado judicialmente”.

El Supremo desestima también el otro argumento empleado por el Concello para recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional, que alude a la supuesta vulneración de las normas del proceso al haberse estimado el recurso del Estado por un motivo que no había sido invocado por ninguna de las partes. El tribunal resuelve que “no cabe estimar que existiera indefensión ni que la Sala sentenciadora pudiera hacer un pronunciamiento diferente del ya efectuado”, ya que entiende que esa decisión “llevaría a la situación de hacer una declaración que a ninguna de las partes beneficiaria”.

Tras conocer el fallo del Supremo, Marea Atlántica manifestó ayer que “la herencia vazquista suma y sigue: 1,2 millones de euros más” y añadió que el Estado debería haber devuelto de forma gratuita la antigua prisión, de la que recordó que sigue deteriorándose, por lo que reclama que los gobiernos local y estatal “no se queden de brazos cruzados”.

El Gobierno local de Carlos Negreira decidió anular en 2014 el convenio suscrito por el de Francisco Vázquez al entender que lesionaba los intereses municipales al considerar que el suelo había sido cedido de forma gratuita por el Concello en 1925 y solo con el fin de alojar un centro penitenciario, por lo que se oponía al pago de cualquier cantidad. La antigua prisión permanece desocupada desde que en 2009 dejó de tener uso penitenciario y solo al año siguiente albergó alguna actividad en su interior, mientras que se producía un importante deterioro en sus instalaciones.

El Ejecutivo de Marea Atlántica autorizó al colectivo Proxecto Cárcere a organizar iniciativas en su interior tras organizar un concurso del que fue ganador. Entre agosto y diciembre de 2018 se desarrollaron varias actividades, hasta que el Concello decidió interrumpirlas al advertirle la Xunta de que se habían efectuado obras no autorizadas en el inmueble, que cuenta con protección patrimonial.

Proxecto Cárcere promovía desde hace años la recuperación de la prisión para el desarrollo de iniciativas ciudadanas, en especial sobre la memoria histórica del edificio, en el que se recluyó a los opositores al régimen franquista. La adjudicación de la gestión de la cárcel a esta asociación fue considerada irregular por el PP, que trasladó los hechos a la Fiscalía. La concejala de Participación, Claudia Delso, responsable de esa tramitación, fue objeto de una investigación por parte de un juzgado coruñés que finalmente decidió archivar las diligencias.

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