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Con el atentado en la T-4 del Aeropuerto de Barajas, en Madrid, el «alto el fuego» de ETA, que se había iniciado nueve meses antes, quedó roto. La organización terrorista, en su comunicado reivindicativo, pretendió que ese acontecimiento había sido sólo una interrupción y reclamó la continuidad del «alto el fuego», no sin descartar la comisión de nuevos atentados si sus pretensiones no encuentran satisfacción por parte del Gobierno español. Este último, por otra parte, aunque señaló que los contactos con ETA quedaban interrumpidos, en ningún momento ha declarado una ruptura en las relaciones con la banda y, por tanto, no ha descartado que continúe vigente la política de negociación que abrió en 2005 con ocasión de la declaración del Congreso de los Diputados que la autorizaba.

Sólo en este sentido cabe interpretar el silencio inicial del presidente Rodríguez Zapatero y, más adelante, sus confusas declaraciones, como las pronunciadas en Vitoria el 18 de febrero, con ocasión de un mitin preelectoral. Sin embargo, no requiere interpretación alguna, por su meridiana claridad, la formulación que del asunto ha realizado el principal ideólogo de la negociación con ETA, el ya citado profesor Sánchez-Cuenca. De acuerdo con ella, los elementos a considerar son los siguientes (13):

  • «El proceso de paz iniciado por el Gobierno trataba de dar pasos para que la decisión de ETA de dejar de matar fuera irreversible... Esta iniciativa era muy distinta de los intentos pasados de negociación... Por eso, el Estado no se debilitaba ni legitimaba a ETA accediendo a sentarse con terroristas».

  • ¿Sorprendente? Seguramente Sánchez-Cuenca hubiera preferido convencernos de que su personal diseño del «proceso de paz» es irreprochable por el esencial motivo de que es él mismo quien lo ha realizado; pero en su modestia incluye un argumento aún más peregrino: «gracias a un tiempo sin muertos, ETA no podía sacar la conclusión de que la disponibilidad del Gobierno a dialogar era consecuencia de la presión de la violencia».

  • Pero si esto último es así, ¿cómo aceptar el segundo elemento de la argumentación, según el cual «ETA trató de arreglar las cosas -o sea, «la situación de bloqueo en el diálogo con el Gobierno»- presionando... mediante un bombazo»?

  • El hecho es, no obstante, que la explosión en Barajas se produjo. Pero, según Sánchez-Cuenca, a ETA «el atentado se le fue de las manos y acabó asesinando a dos ecuatorianos». Y añade enseguida, para que no se suscite ninguna duda, que «estas dos nuevas víctimas mortales no pueden utilizarse para desacreditar el proceso de paz». ¿Por qué, podemos preguntarnos? Porque para Sánchez- Cuenca el «se le fue de las manos» equivale, evidentemente, a que los «dos ecuatorianos» eran víctimas fortuitas, «muertes colaterales, es decir, muertes que van más allá de lo que en principio se proponían los etarras»(14).

  • Pero Sánchez-Cuenca va aún más lejos y, para poner a salvo de crítica su posición y simultáneamente descalificar a quienes la ejerzan, aclara que «cuando se achacan las muertes de Palate y Estacio al proceso de paz y a Zapatero como responsable político en última instancia, no se habla nunca de los muertos que se han evitado gracias a la estrategia del Gobierno». ¿Alguien puede entender esto? ¿No habíamos quedado en que «un tiempo sin muertos» era el elemento precedente que avalaba el «proceso de paz»? ¿Entonces, cómo es el propio «proceso de paz» el que genera el «tiempo sin muertos»?

  • Descartada así la idea de que el atentado de Barajas haya dejado en evidencia la política de negociación emprendida por el Gobierno, Sánchez-Cuenca añade la sorprendente afirmación de que «el proceso de paz ha dejado a ETA sin estrategia»; y de ahí deduce que «si ETA no da pasos decisivos para reconstruir la oportunidad que ha tirado por la borda con el atentado de la T-4... (se) terminará produciendo un enfrentamiento entre Batasuna y ETA». En conclusión, «ETA se encuentra totalmente aislada». No obstante, añade nuestro autor que la banda «podría tener la tentación de lanzar una campaña de atentados mortales» y que esta tentación se verá potenciada «si los jueces siguen protagonizando excesos que dejan en ridículo el tan manido Estado de Derecho», por lo que recomienda «no proporcionarle coartadas» a ETA.

Resumamos: según el ideólogo gubernamental el atentado en Barajas no ha modificado las oportunidades del «proceso de paz» debido a que ETA está derrotada; y, por tanto, de lo que se trata es de restablecer cuanto antes la negociación entre el Gobierno y la organización terrorista haciendo un paréntesis, si fuese necesario, en el Estado de Derecho, amén de en cualquier consideración moral acerca de las víctimas de ese atentado o de sus exigencias de justicia.

Es en este marco en el que hay que situar la reflexión acerca de las actuaciones futuras del movimiento cívico. Los aspectos que entiendo más relevantes a este respecto son los siguientes:

  • En primer lugar, es indudable que tendremos que seguir oponiéndonos a las pretensiones negociadoras del Gobierno, reclamando la derrota de ETA y, por tanto, una política antiterrorista compleja en la que se desarrollen actuaciones policiales, judiciales, penitenciarias, de creación de nuevos instrumentos jurídicos, de cooperación internacional, de carácter político e ideológico, y de reconocimiento social a las víctimas del terrorismo orientadas a ese fin. Singularmente deben reclamarse en este terreno, teniendo en cuenta la actual coyuntura: el cumplimiento íntegro de las penas a las que han sido condenados los miembros de ETA haciendo un especial énfasis en el caso De Juana Chaos; la persecución de los implicados en atentados de terrorismo callejero; la modificación de la Ley de Partidos para legitimar las actuaciones de los ciudadanos ante el Tribunal Supremo en orden al impulso del cumplimiento de sus sentencias; y la exclusión de los agentes controlados por ETA de los procesos electorales.
  • En segundo término, creo que debemos discutir con seriedad nuestra tradicional reclamación del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. La retórica cívica pone un especial énfasis en la reclamación de la unidad de los grandes partidos -el PP y el PSOE- en torno a ese Pacto. Pero no debe ocultarse que, en este momento, el Pacto es un papel mojado, sin vigencia alguna y con escasísimas posibilidades de verse restaurado, al menos en su interpretación más genuina. Esto es así porque el Pacto requiere que los dos partidos se alineen en una misma concepción general de la conducción política de España para dar lugar al establecimiento de un diagnóstico común acerca del terrorismo. Sin embargo, este prerrequisito no se cumple debido a que el partido socialista se ha desplazado hacia una visión impregnada de los intereses nacionalistas. Ello es un resultado de dos factores: la debilidad ideológica del socialismo -y, en general, de la izquierda- que le conduce a un excesivo oportunismo, y de un sistema electoral que concede al nacionalismo una representación en el Congreso de los Diputados mayor que la que le correspondería, en términos proporcionales, en función de los votos que obtiene con relación al total de los emitidos en el conjunto de España. A su vez, la indeterminación constitucional de la amplitud del poder que puede ejercerse desde las Comunidades Autónomas, dada la indefinición de sus límites competenciales, unida a otros elementos que inducen la interferencia del Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado, hace que, para los nacionalistas, existan poderosos incentivos para que traten de establecer una transacción permanente con el Gobierno de turno para concederle su apoyo. Y si a ello se añade que las mayor parte de los partidos nacionalistas son independentistas y que encuentran en la presión del terrorismo ejercido por ETA un elemento favorable para sus tesis, no sorprende que sus transacciones políticas incluyan un elemento de legitimación de la organización terrorista.
    En otros términos, es el diseño del sistema político el que contiene la raíz que conduce a la posibilidad de un desacuerdo permanente entre los grandes partidos. Y, por ello, la discusión acerca del reestablecimiento del Pacto por las Libertades pasa necesariamente por el debate acerca de la reforma de la Constitución. Ésta debe corregir su diseño inicial para eliminar los incentivos al ejercicio de un oportunismo que, al dar una entrada irrefrenable a los intereses nacionalistas, pueda poner en cuestión los fundamentos del sistema político, singularmente, la unidad de España como nación.
    Este último aspecto merece una consideración adicional, pues es en la unidad nacional y en la fortaleza del Estado donde estriba la posibilidad de derrotar al terrorismo. Sabemos que cuanto mayor sea la presencia del Estado, con su legalidad y sus instituciones, en el País Vasco, mayor es el ejercicio de la libertad y menores son las posibilidades que tienen los terroristas para imponer su poder. Y podemos recordar como argumento empírico que, en la última encuesta del Euskobarómetro, al plantearse la hipótesis de la independencia, un 35 por 100 de los vascos piensan en la posibilidad de abandonar la región (15).
    Dado que esa posibilidad se la plantean esencialmente los no nacionalistas, hasta el punto de que la mitad de ellos se contabilizan en el conjunto de los que han decidido o no descartan marcharse, resulta evidente que la independencia inevitablemente conducirá a una limpieza ideológica de la población vasca.
    En resumen, entiendo que la reforma del sistema político, la reforma de la Constitución, es un elemento esencial para la restauración de la unidad de acción entre los grandes partidos -y por ende del conjunto de la sociedad- contra el terrorismo. Y, por tanto, también en las organizaciones cívicas estamos emplazados para esa tarea.
  • Lo anterior nos conduce, en tercer lugar, a la cuestión de la confrontación electoral. Desde las organizaciones cívicas se ha propugnado tradicionalmente el apoyo electoral a los partidos constitucionalistas, a izquierda (PSOE) y derecha (PP). Ello ya no puede ser así, pues resulta evidente que el PSOE ha abandonado el constitucionalismo para abrazar una ideología impregnada con una buena dosis de nacionalismo. Y, a la vez, se han abierto nuevas posibilidades con la emergencia de nuevos partidos que apelan directamente a los valores cívicos, entre los cuales Ciudadanos es sin duda el más aventajado.
    Por tanto, en el ámbito electoral también se plantean nuevos retos. Por una parte, la derrota electoral del PSOE parece un requisito imprescindible para forzar su regeneración y su vuelta al objetivo de la derrota del terrorismo. Por otra, el apoyo a los partidos emergentes puede recortar la bese electoral del PP y, con ello, dificultar una alternancia en el poder que facilitaría la reconducción de los procesos políticos actuales y la reforma constitucional. Y para este dilema sólo hay soluciones empíricas que sólo son posibles mediante la experimentación de un voto plural en las inmediatas contiendas electorales.
  • Finalmente, debido a la intensidad de los retos que afrontamos, hemos de sostener nuestra demostrada capacidad de movilización ciudadana. Mantener la alerta entre la mayoría social que repudia la negociación política con ETA, es una necesidad ineludible para progresar en la senda de su derrota. Y ello requiere acierto para evitar el desánimo o el cansancio. Lo que se espera de las organizaciones cívicas es, por tal motivo, que mantengan la confrontación ideológica, que sean capaces de encontrar los argumentos a favor de la libertad y la justicia, y que movilicen a los ciudadanos con prudencia, a la vez que con firmeza, en torno a objetivos e ideas bien definidos, susceptibles de dar aliento moral a su resistencia frente al terrorismo y el nacionalismo.

 


 

13 Cfr. I. Sánchez-Cuenca (2007): «¿Ha sido un espejismo?», El País, 8 de febrero.

14 No deseo confundir al lector y, por ello he de aclarar que este último entrecomillado procede de otro texto de nuestro autor. Cfr. J.M. Calleja e I. Sánchez-Cuenca (2006): La derrota de ETA. De la primera a la última víctima, Ed. Adhara, Madrid, pág. 156. Añadiré que en este texto infame -que sorprendentemente pretende «hacer justicia a las víctimas» mediante «la reconstrucción de la verdad histórica» (pág. 169)- no sólo se habla de «víctimas colaterales o no pretendidas» -como si este concepto fuera aplicable al caso de ETA y, por tanto, resultara aceptable tal daño incidental dentro de una acción militar legítima de acuerdo con los Convenios de Ginebra, cuando el Protocolo II de Ginebra prohíbe taxativamente los ataques a civiles en conflictos internos (vid. las distintas voces que, sobre este asunto, se contienen en R. Gutman y D. Rieff (2003): Crímenes de guerra, Ed. Debate, Barcelona- sino también de «errores», cuando «los terroristas se equivocan» (pág. 158), a la vez que un atentado como el de Hipercor -que, por cierto, desmiente buena parte de la tesis de los autores- se califica de «caso anómalo» (pág. 162), «trágico error» (pág. 163) o suceso «azaroso» (pág. 166).

15 Cfr. Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad del País Vasco (2006): Euskobarómetro. Noviembre 2006, Bilbao, págs. 35, 36 y 44. La encuesta revela que un 7 por 100 de los vascos habría decidido ya marcharse del País Vasco y que otro 28 por 100 no lo descarta, aunque de momento no haya tomado una decisión firme.