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Un aspecto fundamental en la determinación de la forma de conducción de la política negociadora del Gobierno durante el «alto el fuego», es el que se refiere a la opinión pública española. Entre las hipótesis de partida de esa política se encontraba, sin duda, la idea de que, ante un hecho consumado de negociación y en «condiciones de violencia tolerables», la opinión de los españoles se iría decantando progresivamente a favor del proceso emprendido, lo que redundaría en una cierta facilidad para poner sobre el tapete de la negociación las demandas políticas de ETA y sus exigencias en materia penitenciaria. En otras palabras, una opinión pública favorable a la negociación acabaría aceptando, dentro de ciertos límites no muy estrechos, algunas soluciones para dar satisfacción a las demandas de autodeterminación, territorialidad e impunidad de la organización terrorista (11).

Los hechos han desmentido esa hipótesis y la opinión pública española no sólo no se ha decantado por las exigencias de la negociación entre el Gobierno y ETA, sino que más bien ha ido endureciendo sus posiciones en contra de las pretensiones gubernamentales. Los dos factores que seguramente han influido en este resultado han sido, por una parte, la resistencia de las organizaciones cívicas y de víctimas del terrorismo —apoyada, en el plano político, con gran eficacia por el Partido Popular— a ceder ningún terreno en este ámbito; y por otra, la existencia de una fuerte corriente de fondo en la opinión pública española, inspirada por la solidaridad con las víctimas del terrorismo, que pone por encima de cualquier oportunismo político los valores de justicia y libertad a los que apelan las referidas organizaciones. Ambos elementos, con los que los planificadores del Gobierno no habían contado, o que creían poder doblegar mediante el manejo de la propaganda y de los programas de subvenciones, repartiendo premios y castigos, han sido decisivos para frenar el ímpetu mostrado por los agentes gubernamentales para menospreciar el marco jurídico–institucional y buscar subterfugios para soslayar el cumplimiento de las leyes.

Seguidamente se recogen los resultados de los principales estudios sociológicos que, sobre la opinión pública española con relación a la negociación con ETA, se han publicado en diferentes medios de comunicación (12) . Los datos se han agrupado teniendo en cuenta la afinidad entre las preguntas que han sido planteadas en los distintos trabajos. Dado que éstas no son siempre del mismo tenor literal, la interpretación de esa información ha de hacerse con cierta prudencia, atendiendo a las posibles diferencias debidas al modo de plantear las cuestiones.


El primer aspecto a considerar se refiere a la opinión de los españoles sobre la negociación con ETA. Los trabajos que han preguntado por esta cuestión son inequívocos al señalar que, cuando la negociación se condiciona al abandono de las armas, la violencia o la delimitación misma del «alto el fuego», una mayoría clara de los españoles se decantan por ella, con porcentajes superiores al 60 por 100. Esa opinión se ha reforzado a lo largo del tiempo, llegando a rozar en el momento de la declaración del «alto el fuego» el 70 por 100. En síntesis, los españoles ven bien que se negocie con ETA una vez que esta organización terrorista renuncie al ejercicio de la violencia con fines políticos (gráfico 5).

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Por otra parte, en la conciencia pública se instaló la idea de que el Gobierno negociaba con ETA mucho tiempo antes de que el Presidente Rodríguez Zapatero lo anunciara, y ya desde diciembre de 2005 esa convicción la expresaba más de la mitad de los españoles (gráfico 6).

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Una vez que se conoció el «alto el fuego», ya no se trataba de especular acerca de la certeza de la negociación, sino de saber qué sentimientos suscitaba en la opinión pública el proceso que se iniciaba. En un primer momento, los sondeos reflejaron que se abría un horizonte de esperanza o de confianza. Aunque los resultados sobre este tema difieren en bastantes puntos de unas encuestas a otras, se puede afirmar que una mayoría de españoles se decantaron por esos sentimientos optimistas. Pero en octubre de 2006 el panorama había cambiado radicalmente y se había instalado un fuerte escepticismo o desconfianza por la conducción de los acontecimientos. Los hechos posteriores vendrían a dar la razón a los españoles que pensaban que las cosas iban por mal camino (gráfico 7).

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En este marco general, tiene mucho interés la evolución de las opiniones expresadas acerca de la posibilidad de que el «alto el fuego» o el «proceso de paz» condujeran al final del terrorismo y a la desaparición de ETA. En marzo, justo antes de la declaración de ETA sólo un poco más de un tercio de los españoles creía en esa hipótesis. Pero en cuanto el anuncia del «alto el fuego» se hizo público, el porcentaje correspondiente se situó entre un 56 y un 59 por 100, expresando así el optimismo o la esperanza que se abría paso. Pasado el verano, en octubre, esa ilusión se había desvanecido y una nítida mayoría se decantaba por creer que la política desarrollada por el Gobierno no podía lograr el final de la violencia terrorista (gráfico 8).

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Pero más allá de las consideraciones generales sobre el «alto el fuego» o el «proceso de paz», tienen interés las concreciones de la eventual negociación entre el Gobierno y ETA en el terreno político y en el penitenciario. Comenzando por el primero, la opinión pública se mostró en 2005, cuando el asunto estaba poco definido, dividida acerca de la posibilidad de establecer alguna transacción política (gráfico 9).

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Pero al especificarse los términos de la negociación, en especial una vez que el «alto el fuego» se había declarado, entonces el rechazo de los españoles se evidenció con nitidez creciente. Así ocurre cuando se plantea la posibilidad de que un acuerdo con ETA aluda a la independencia o al derecho de autodeterminación, de manera que mayoritariamente los encuestados repudian esa posibilidad (gráfico 10).

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Y lo mismo se puede decir con relación a una eventual inclusión del futuro de Navarra en el paquete de los acuerdos políticos con ETA (gráfico 11).

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En cuanto a los aspectos penitenciarios, la resistencia de la opinión pública a considerarlos es muy notable. En primer lugar, casi dos tercios de los españoles rechazan que se negocien medidas de gracia y reinserción para los presos de ETA. Este rechazo se relaja levemente cuando la pregunta se especifica con relación al régimen carcelario, a la vez que se acentúa hasta llegar a casi nueve de cada diez españoles cuando a lo que se alude es a los reclusos condenados por delitos de sangre (gráfico 12).

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Por otra parte, aún cuando con una intensidad algo menor que la anterior, el rechazo se extiende también hacia la posibilidad de trasladar a los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Es cierto que, en el momento inmediato a la declaración de «alto el fuego», dos tercios de los españoles aceptaban esa posibilidad, dando muestras de una generosidad inmerecida por los militantes condenados de ETA. Pero la dureza de los acontecimientos durante el período ulterior, con la continuación de la violencia política, condujo rápidamente a la opinión pública a sus posiciones de partida (gráfico 13).

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Finalmente el planteamiento de la cuestión de la excarcelación de los presos de ETA proporciona una respuesta matizada en función de las diferentes situaciones posibles. A este respecto, lo primero que llama la atención es que sólo una exigua minoría de españoles acepta que se excarcele a todos ellos sin excepciones. En segundo término, los que opinan que ningún preso debe salir de la prisión son mayoría en los sondeos más recientes, sobrepasando el 50 e incluso el 60 por 100. Sin embargo esto no era así en los prolegómenos del proceso establecido por el Gobierno, de manera que en 2005 ese tipo de opinión alcanzaba sólo al 44 por 100 (gráfico 14).

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Por tanto, la evidencia de la negociación parece haber radicalizado a la opinión pública en el sentido de rechazar sin paliativos la excarcelación de etarras, tal como por otra parte han reclamado con insistencia las víctimas del terrorismo. Y no cabe descartar que la torpeza del Gobierno, singularmente de su Alto Comisionado para las Víctimas, al plantear este tipo de asunto tan delicado por su indudable contenido de injusticia para con esas víctimas, haya favorecido esa radicalización. Y en tercer lugar, se anota el retroceso de la proporción de españoles que entienden que debe existir alguna posibilidad de negociar medidas de excarcelación de etarras que no soportan sobre su conciencia delitos de sangre, de manera que en las encuestas más próximas se sitúan en torno a un tercio del total.

En resumen, los estudios de opinión pública muestran que en España se acepta la posibilidad de una negociación entre el Gobierno y ETA, pero se rechaza que esa negociación aluda a las cuestiones políticas planteadas por la organización terrorista en todos sus comunicados —es decir, a la posibilidad de la independencia de los vascos o a la creación de una entidad política que unifique el País Vasco con Navarra— o al establecimiento de la impunidad para los terroristas que han cometido delitos —y, por tanto, a la excarcelación de los presos—. Sin duda, una mayoría de los españoles creen que lo único que hay que negociar con ETA es cómo abandona la violencia y entrega las armas de que dispone, y cómo sus militantes asumen las responsabilidades penales en las que han incurrido. Pero los sondeos no han preguntado sobre estos extremos.


11 Sánchez–Cuenca (2001) lo señala meridianamente: «El pacto (para dar lugar a la posibilidad de la independencia) sólo tendría fuerza, evidentemente, si los ciudadanos lo apoyan... Que los partidos se aten las manos con el pacto significa que no les trae cuenta romperlo una vez firmado debido a la pérdida de votos e imagen que podría suponer. Esto exigiría un amplio debate en la sociedad española, hasta conseguir que una inmensa mayoría de los ciudadanos se convenza de que un pacto de esa naturaleza sería una solución razonable al problema del terrorismo. Sólo si quedan arrinconadas las posturas más cerriles o intransigentes tendría alguna posibilidad de éxito la propuesta que estoy defendiendo». Cfr. op. cit., pág. 246.

12 Los trabajos que se han tenido en cuenta son: (1) Euskobarómetro (2005): Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas. II Encuesta nacional. Avance de resultados, Fundación Víctimas del Terrorismo, Madrid, Junio-Julio; (2) Sigma Dos (2005–Octubre): Negociación con ETA, en Victoria Prego: «Los españoles rechazan que se negocie con ETA si no deja las armas», El Mundo, 12 de octubre de 2005; (3) Sigma Dos (2005–Diciembre): Sondeo de opinión sobre una posible tregua de ETA, en Victoria Prego: «Los ciudadanos no esperan que ETA declare una tregua en los próximos meses», El Mundo, 4 de enero de 2006; (4) Sigma Dos (2006–Marzo): La negociación con ETA, en Fernando Lázaro: «Una amplia mayoría de españoles cree que el Gobierno ya está negociando con ETA», El Mundo, 13 de marzo de 2006; (5) Sigma Dos (2006–Marzo post «alto el fuego»): El proceso de negociación y Las consecuencias del anuncio, en Victoria Prego: «La mayoría de españoles quiere que el Gobierno sólo negocie la rendición de ETA», El Mundo, 26 de marzo de 2006; (6) Instituto Opina (2006–Marzo): Alto el fuego permanente, en El País: «El 63,7 % quiere que el PP colabore sin condiciones», El País, 26 de marzo de 2006; (7) Metroscopia (2006–Marzo): Barómetro de primavera de Metroscopia para ABC, en ABC: «El 75 % apoya que Zapatero tanteee ya las posibilidades de diálogo para acabar con ETA», ABC, 2 de abril de 2006; (8) Metroscopia (2006–Octubre), en P. Cervilla y M. Calleja: «El 74 % de los españoles cree que ETA puede volver a matar y el 56 % que no hay condiciones para el diálogo», ABC, 8 de octubre de 2006; (9) Sigma Dos (2006–Octubre): El «proceso de paz», en Victoria Prego: «Un abrumador 87 % se opone a legalizar Batasuna si no condena la violencia», el Mundo, 13 de octubre de 2006; (10) Intereconomía (2006–Octubre), en Época: «El 65 % de los españoles desconfía del ‘proceso de paz’», Época, no 1120, 20 al 26 de octubre de 2006. En los gráficos que forman parte de este epígrafe se citan los anteriores sondeos por el número asignado a cada uno de ellos.