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LA DERROTA DE ETA

El primer elemento que creo que hay que tener en cuenta para valorar la situación actual es que ésta se encuentra muy alejada de la que se configuró como resultado de la política antiterrorista diseñada y aplicada en el marco del «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo». Para entenderlo, hemos de situarnos en el marco del ciclo de la actividad terrorista posterior a la «tregua indefinida» declarada en 1998 y rota un año más tarde; es decir, del ciclo que discurre entre el año 2000 y el momento actual. Como refleja el gráfico 1, ese ciclo se inicia con un relativamente bajo nivel de actividad durante el primer semestre de 2000, para intensificarse poderosamente durante el verano y el otoño de ese mismo año. A esta demostración inicial de fuerza sigue, desde 2001 y durante casi tres años, una reducción paulatina de los atentados, singularmente los asesinatos, y, con algún retardo, de las acciones de terrorismo callejero. De esta manera, a partir del tercer trimestre de 2003 dejan de registrarse crímenes con resultado de muerte y los atentados cesan durante los seis primeros meses del año siguiente. En ese momento, la situación es tal que apenas tiene precedentes, de manera que, como ha señalado Florencio Domínguez, «hay que retroceder hasta 1971 para encontrar un año con menos atentados que en 2003 o en 2004, y hasta 1972 para encontrar menos asesinatos»(1). Sin embargo, es a partir de entonces, cuando, después de los ataques del 11-M, las elecciones generales conducen al inesperado triunfo del partido socialista, se entra en un nuevo ciclo ascendente en el que, con irregularidad, se aprecia una tendencia al incremento en el número de atentados -aunque, por lo general, sus consecuencias, medidas por su afectación a las personas heridas o por la magnitud de sus destrucciones materiales, sean de una gravedad menor- y en el de actos de violencia urbana.

Gráfico 1: Actividad terrorista de ETA, 2000–2007
(Datos trimestrales)
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La explicación de este ciclo terrorista en el que se plasma la progresiva incapacidad de ETA para hacer valer sus pretensiones políticas hay que establecerla en la efectividad de la política antiterrorista que, después de un cierto desconcierto inicial, se puso en funcionamiento por parte del Gobierno que, en aquél momento, presidía Aznar. Una política que encontró el respaldo de la oposición socialista y que se plasmó en el «Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo». El documento, suscrito por el PP y el PSOE el 8 de diciembre de 2000, negaba cualquier atisbo de legitimidad al terrorismo y afirmaba la voluntad de impedir que, de él, pudieran derivarse ventajas o réditos políticos, y concluía con la expresión de la voluntad de ambos partidos para desarrollar su política con el «objetivo de erradicar la lacra del terrorismo». Esa política —que abarcaba los ámbitos de la actuación policial, el sistema penal, el régimen penitenciario, la cooperación internacional, el reconocimiento social a las víctimas del terrorismo y la movilización ciudadana— implicó, entre otras medidas, la extensión de las actuaciones judiciales hacia las organizaciones del entorno de ETA —como las herrico tabernas, las Gestoras Proamnistía, KAS, Jarrai o Egunkaria— la modificación del Código penal para endurecer el tratamiento del terrorismo callejero, elevar el límite del cumplimiento de las penas y reordenar el cómputo de los beneficios penitenciarios, la regulación del bloqueo de las operaciones financieras relacionadas con el terrorismo, la inclusión de ETA y Batasuna en las listas europea y norteamericana de organizaciones terroristas, y la promulgación de una ley de partidos políticos que posibilitó la disolución de Batasuna y su exclusión de los procesos electorales.

Los efectos de todas estas medidas no se hicieron esperar. Desde la ruptura de la tregua en 2000 hasta el mes de enero de 2007, tal como expresa el gráfico 2,

Gráfico 2: Detenciones de terroristas y colaboradores de ETA, 2000–2007
(Datos trimestrales)
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los servicios policiales han efectuado 1.034 detenciones de terroristas o de colaboradores de ETA, de las cuales 623 han tenido lugar en España, 295 en el extranjero —sobre todo en Francia— y 116 corresponden a etarras que han sido extraditados o entregados a las autoridades españolas por las de otros países. Esta importante actividad policial, más allá de su carácter cíclico, muestra una tendencia ascendente hasta el primer trimestre de 2002, se estabiliza después hasta llegar al final de 2004 y, durante 2005 y 2006, experimenta un descenso muy acusado, de manera que casi sólo ha podido mantenerse gracias a la aportación exterior. No obstante, en enero de 2007 esta tendencia parece haber revertido.

Pero, más allá de su trayectoria temporal, ha de señalarse que hasta 2004 la actividad policial fue muy eficaz, de manera que casi el 60 por 100 de los grupos desarticulados por las fuerzas de seguridad «fueron desmantelados cuando no habían cometido ningún atentado o cuando sólo habían perpetrado una acción terrorista»(2). Ello, a su vez, implicó que la vida útil de esos grupos de terroristas descendiera drásticamente hasta poco más de siete meses en promedio, cuando unos años antes superaba normalmente los dos años y medio (3). Y supuso el ingreso en prisión del 65,5 por 100 de los detenidos y la fijación de fianzas o medidas cautelares para el 16,9 por 100 de ellos, que así pudieron mantenerse provisionalmente en libertad.

Por otra parte, la persecución judicial de las organizaciones del entorno de ETA y, singularmente, la ilegalización de Batasuna —instada mediante una resolución del Congreso de los Diputados aprobada el 26 de agosto de 2002— supuso un vuelco en la capacidad económica y logística de ETA, así como en su influencia política. Para hacerse una idea del primero de estos aspectos, baste señalar que, durante la década inmediatamente anterior a ese acontecimiento, Batasuna había estado percibiendo 1,7 millones de € anuales en forma de subvenciones a partidos políticos y grupos municipales; asimismo, su influencia le había permitido lograr que las diferentes administraciones del País Vasco concedieran cerca de nueve millones de € al año a las organizaciones de su entorno; y, desde 2000, había desviado 2,3 millones de € anuales de los presupuestos de los ayuntamientos en los que ejercía el poder municipal a la financiación de actividades terroristas a través de Udalbiltza–Kursaal. En conjunto, la disponibilidad de recursos públicos por parte de Batasuna y el grupo de entidades asociativas y mercantiles vinculadas a ETA, ascendía a trece millones de € anuales, lo que venía a significar más de la mitad del total de la financiación de la organización terrorista (4) .

Pues bien, con la apertura de causas judiciales contra las referidas entidades ligadas a ETA y con la ilegalización de Batasuna, todos esos recursos económicos se desvanecieron. Asimismo, se dejó de controlar medio centenar de ayuntamientos y, con ellos, un presupuesto de casi doscientos millones de € anuales; se perdieron 49 alcaldías, 891 concejalías y varios centenares de puestos municipales retribuidos; se vieron clausurados y embargados 220 inmuebles propiedad de Batasuna, en los que ejercía su actividad política y ayudaba a la logística del terrorismo; y se tuvo que prescindir de la plantilla de liberados que trabajaban para el partido. Todo ello acabó por reflejarse rápidamente en una reducción muy notable del nivel de adhesión política de la población vasca a la causa del terrorismo. En efecto, tal como se muestra en el gráfico 3, la imagen positiva de los militantes de ETA —expresada en opiniones que los califican como «patriotas» o «idealistas»—, que en 1999 se extendía entre casi la mitad de la población adulta del País Vasco, roza la cuarta parte en los cuatro últimos años. A su vez, la proporción de los que pueden considerarse como «extremistas» por su actitud de adhesión a ETA —a la que prestan un «apoyo total» o una «justificación crítica»—, que en la fecha referida llegaba al 11 por 100, se sitúa desde 2002 en el dos o tres por cien, aunque se ha elevado hasta el cuatro por cien en el sondeo más reciente. Y, por último, la justificación de la violencia en las condiciones específicas del País Vasco, que llegó a ser defendida por el 18 por cien de dicha población en el año 2002, ha caído hasta el dos o tres por cien en el momento actual.

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Finalmente, entre los efectos de la política antiterrorista hay que anotar también, como más adelante se verá, la formación de una poderosa corriente de opinión pública en la sociedad española, que se muestra mayoritariamente contraria a que el Gobierno entre en la negociación de las pretensiones políticas de ETA, lo que no obsta para que acepte que, entre ambos, haya algún tipo de conversaciones que conduzcan al final del terrorismo.

En resumen, la política desplegada en el marco del pacto antiterrorista entre el PP y el PSOE se saldó con un éxito notable: ETA, que había resurgido de sus cenizas tras la tregua de 1998 con un empuje indudable, se situaba en el borde de la derrota. Como ha escrito Ángeles Escrivá, «el Gobierno consiguió acorralarla policial y políticamente, y, sobre todo, logró derribar los persistentes tabúes instalados en la sociedad, ... (como) el mito del ‹empate infinito› entre ETA y el Estado ... y la convicción de que había que realizar cesiones para deshacerlo».(5)






1 Cfr. F. Domínguez (2005): ETA en Cataluña. De Terra Lliure a Carod-Rovira, Temas de Hoy, Madrid, 2005, pág. 229.

2 Cfr. F. Domínguez (2005): ETA en Cataluña..., op. cit. pág. 229. El cálculo se hace sobre los grupos desmantelados entre 2000 y 2004.

3 Vid. sobre este aspecto, los cálculos efectuados por F. Domínguez (2003): Las raíces del miedo. Euskadi, una sociedad atemorizada, Aguilar, Madrid, 2003. Este autor compara los períodos de actividad de los militantes de ETA entre 1978 y 1992, con los correspondientes a los comandos desarticulados entre 2000 y 2003.

4 He estudiado el detalle de todo esto en M. Buesa (2006): Consecuencias económicas del terrorismo nacionalista en el País Vasco, Universidad Complutense, Instituto de Análisis Industrial y Financiero, Documento de Trabajo, no 53, Madrid [www.ucm.es/bucm/cee/iaif].

5 Cfr. A. Escrivá (2006): ETA. El camino de vuelta, Seix Barral, Barcelona, pág. 395.