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Después del «alto del fuego» de ETA: la respuesta cívica

Mikel Buesa

Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

Presidente del Foro Ermua

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En el mes de marzo de 2006 ETA declaró un «alto el fuego permanente» a través de un comunicado que dejaba claro, más allá de su lenguaje eufemístico, que el cese de la actividad terrorista no se iba a extender sobre todas las formas de violencia, sino que se limitaba a las de carácter armado, y que esa situación se mantendría en tanto hubiera algún progreso, dentro de una negociación con el Gobierno, en la consecución de los dos objetivos políticos inmediatos de su organización: por una parte, la independencia de Euskal Herria a través del reconocimiento de que «los ciudadanos vascos deben tener la palabra y la decisión sobre su futuro»; y, por otra, la impunidad para sus militantes -o, lo que es igual, que «las autoridades ... dejen a un lado la represión»- lo que se plasmaría en la posibilidad de que Batasuna retomara la acción política sin traba alguna.

Esta declaración de ETA se encontraba, desde el primer momento, muy alejada de cualquier forma de expresión de un deseo de abandono de la actividad terrorista, y así lo recordó ulteriormente en diversos comunicados y declaraciones públicas. Por ello, nada autoriza a interpretarla como una forma de anuncio de la clausura del empleo de la violencia con fines políticos. Sin embargo, esa fue desde el primer momento la interpretación que hizo el Gobierno, de manera que ajustó su política a un plan de negociación que daba por supuesto que el final del terrorismo ya se había producido.

El Gobierno interpretó la debilidad de ETA como un signo de su voluntad de abandono del terrorismo y quiso ver en su declaración de «alto el fuego» una verificación de su hipótesis de partida. Descartó así que esa tregua fuera un repliegue estratégico destinado a reforzar su capacidad política y logística. A partir de ahí, entraría en una negociación de perfiles difusos cuyo contenido no conocemos con precisión, aunque es evidente que al menos generó en ETA una expectativa de realización, en un plazo relativamente corto, de avances irreversibles en orden a la consecución de sus objetivos. Todo ello se tradujo en una relajación de la política antiterrorista, en una condescendencia creciente con respecto a la actividad pública de Batasuna, en una ocultación sistemática de los hechos violentos y en importantes cesiones en el terreno ideológico, pudiéndose afirmar que tanto el Gobierno como el partido socialista han acabado adoptando una buena parte del «lenguaje de los terroristas».

El treinta de diciembre de 2006, pocos días después de cumplirse los nueve meses desde el anuncio del «alto el fuego», la organización terrorista cometió un atentado en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, con el resultado de la muerte de dos personas -inmigrantes ecuatorianos que habían acudido a recibir a unos familiares- y de una severa destrucción de uno de los módulos del aparcamiento de esa instalación. ETA dejó así claro que aprovechó su tregua para rearmarse y puso en evidencia los errores cometidos por el Gobierno en la conducción de su política. Ésta, por otra parte, había sido poco convincente para una opinión pública que, durante todo el proceso, se había reafirmado en su rechazo de la negociación de asuntos políticos con ETA, y también de la aplicación de medidas de perdón a los terroristas.

El Gobierno se vio así literalmente acorralado, sin rumbo y sin una alternativa meditada y viable a la política que había venido aplicando. No podía reconocer su fracaso sin desacreditar completamente su capacidad para la conducción política del país. Y, por ello, su respuesta al atentado ha sido débil y se ha situado en consonancia con su trayectoria precedente de minimización de los hechos violentos y de condescendencia con respecto a ETA y Batasuna, orientada a favorecer su negociación con la organización terrorista. Como resultado, no se ha manifestado una ruptura de las relaciones entre el Gobierno y ETA; y cabe esperar que, en un plazo no muy lejano, se pretenda reemprender la política de negociación que se ha seguido en el período de «alto el fuego» y en los meses que precedieron a su declaración.

Esta situación plantea al movimiento cívico, una vez más, la necesidad de reflexionar acerca de las actitudes que deben adoptarse y de las acciones que se pueden desarrollar para afrontarla. En las páginas que siguen me propongo exponer los principales elementos a considerar y plantear algunas ideas para la discusión.