Memoria histórica
 ... el Gobierno y el Grupo Socialista han caído en su propia trama y tratan ahora de evitar el gran escándalo que supone regalar dinero a un partido que todo el mundo sabe forma parte del entramado de ETA. ...

Sr. Presidente

Señorías

Empezaré recordando cómo en 1998 se promulgó una ley de restitución o, en su caso, compensación a los partidos políticos de los bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas dictada por la Dictadura en el período 1936-1939. La ley contó con un amplísimo consenso. Fue un acto de justicia histórica, aunque conviene recordar que por el hecho de que la reparación tardara en llegar, ninguno de los partidos afectados hubo de competir en condiciones de inferioridad con los creados al amparo de la naciente democracia española a partir de 1976.

En aplicación de la Ley, el Estado ha resarcido a los partidos afectados con una cantidad cercana a los 30 millones de euros, es decir, unos cinco mil millones de pesetas. Como único requisito para instar la restitución o compensación se exigía demostrar la titularidad de los bienes y derechos incautados. Y como no podía ser de otra forma, se aceptaron como pruebas o medios acreditativos "todos los admitidos en derecho". Hubo discrepancias a la hora de aplicar la ley que han resuelto los tribunales, en unos casos a favor y en otros en contra de la resolución del Gobierno.

Pues bien, la proposición de ley que hoy debatimos –que, por cierto, se ha hurtado al debate del pleno de la Cámara para aprobarse de tapadillo en este último tramo de la legislatura- es un auténtico escándalo, un verdadero asalto al erario público al que el Gobierno se ha plegado y que va a suponer la concesión arbitraria de una financiación extraordinaria a casi todos los partidos que en esta legislatura han formado la mayoría parlamentaria. Una concesión carente de justificación objetiva, discriminatoria en relación con las demás formaciones políticas democráticas y éticamente reprochable.

El texto que se nos presenta es fruto de una transacción del partido que sustenta al Gobierno con las proposiciones presentadas en su día por Convergencia y Unión, Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida.

¿Qué se pretende? Dicho en román paladino, reabrir la ley de 1998 eliminando las garantías establecidas en ella para "flexibilizar" la prueba de la titularidad de los bienes y derechos incautados, de forma que en último término sea el Gobierno quien fije de forma arbitraria el importe de las compensaciones a los partidos beneficiarios.

He dicho que esta proposición es éticamente reprochable. La Ley de 1998 supuso la reparación de una injusticia histórica. Pero repugna a la recta conciencia el hecho de que los partidos directamente interesados se aprovechen de su mayoría en el Parlamento para otorgarse a sí mismos nuevos beneficios económicos. Para ello se saltan a la torera el principio de seguridad jurídica que exige la prueba fehaciente de la titularidad de los bienes y derechos incautados –máxime si la consecuencia es la obtención de fondos públicos-, quebrantando tanto el principio de igualdad como el de la interdicción de la arbitrariedad consagrados en nuestra Constitución.

El artículo 5 bis, relativo a la prueba, en conexión con el número 2 del nuevo artículo 6, es un engendro jurídico que debiera sonrojar a sus autores. La Ley de 1998 exigía a los partidos afectados por la norma la demostración de la titularidad de los bienes y derechos incautados utilizando todos los medios de prueba admitidos en derecho. Conviene recordar que la Ley de Enjuiciamiento Civil regula con minuciosidad los medios de prueba como son los documentos públicos y privados, el dictamen de peritos, el interrogatorio de testigos o cualquier otro medio del que pudiere obtenerse certeza sobre hechos relevantes. También se admiten las presunciones judiciales en cuya virtud "a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza a efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto, existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano". Asimismo la Ley General Tributaria faculta al contribuyente para destruir las presunciones establecidas en las leyes fiscales mediante prueba en contrario y admite como medios de prueba las presunciones "siempre que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano". Lo mismo ocurre con la legislación de expropiación forzosa.

En consecuencia, con arreglo a la Ley de 1998 nada impedía alegarr presunciones e, incluso, invocar la prueba de indicios, pero sin olvidar que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, éstoss "han de estar plenamente probados y el órgano judicial debe explicar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios ha llegado a la conclusión", esto es, "el iter mental que le ha llevado a entender probados los hechos" (Sentencia TC de 1 de diciembre de 1988).

De todas formas, la jurisprudencia ha declarado que las presunciones han de tomarse siempre con gran cautela. Se trata de medios excepcionales que entran en juego cuando los medios fehacientes de prueba fracasan. Por otra parte, la discrecionalidad inherente a las presunciones para valorar estos medios excepcionales conforme a las reglas del criterio humano se atribuye a los tribunales de Justicia. Por eso, no estamos de acuerdo en otorgársela al Gobierno cuando está en juego el reparto de fondos públicos a los partidos políticos que pueden condicionar, cuando de ellos depende la permanencia en el poder, la recta aplicación de las reglas del criterio humano.

No era, pues, necesario reabrir la ley. Los partidos pudieron proponer la prueba indiciaria e invocar las presunciones en el caso de que hubieran sido rechazadas por la Administración. Ocurre que esta proposición quiere desbordar los límites del recto ejercicio de los derechos cuando prevé de modo expreso la determinación indiciaria de la titularidad y de otras circunstancias, so pretexto de corregir las dificultades técnicas y de orden procesal detectadas, según sus promotores, a la hora de aplicar la Ley de 1998. Frente a la certeza del derecho, la nueva ley prefiere la discrecionalidad basada en meros indicios cuya valoración corresponderá al Gobierno y no a los tribunales. Un indicio no es una prueba. La suma de indicios podría conducir a declarar la titularidad de un bien o derecho en virtud de una presunción, pero el espíritu y la letra de la proposición no es otro que el de sustituir la prueba fehaciente de la titularidad por meros indicios cuya valoración, insisto, quedará al arbitrio del Gobierno cuando no se pueda disponer de los datos necesarios para la plena determinación de los bienes y derechos perdidos o incautados. Advierto, además, que se ha introducido de matute la expresión "derechos perdidos", con independencia de que hubieran sido incautados, lo que permite aventurar que se abre otra vía excepcional de consecuencias imprevisibles.

Todo el artículo relativo a la prueba está contaminado por lo dispuesto en el número 2 del artículo 6 de la proposición que literalmente dice así: "En aquellos casos en que habiéndose acreditado el perjuicio patrimonial sufrido por el partido político no hubiera podido determinarse ni siquiera por medios indiciarios la totalidad de los elementos del mismo, el Consejo de Ministros podrá fijar equitativamente una compensación". O sea, los mandamientos de esta ley -que pretende dar un barniz jurídico a la distribución arbitraria de los fondos públicos- se reducen a uno solo: el Gobierno podrá repartir libre y discrecionalmente la gracia de Dios entre sus amigos, incluido su propio partido. El principio constitucional que establece la interdicción de la arbitrariedad por los aires.0

No acaba aquí el rosario de despropósitos. Una disposición adicional de la Ley de 1998 introdujo, con carácter excepcional, la posibilidad de obtener una compensación por la privación definitiva del uso y disfrute de bienes urbanos en concepto de arrendatarios, siempre que se acreditara fehacientemente la existencia del arrendamiento. La cuantía de la indemnización sería la que resultara de actualizar la renta anual según el índice de valor constante de la peseta elaborado por el Bando de España con un límite de diez años. Pues bien. La proposición elimina la obligación de acreditar fehacientemente el arrendamiento y fija el límite cuantitativo en 4 millones de euros por cada partido, que naturalmente será fijado libre y discrecionalmente por el Gobierno.

Dicho lo anterior, debo hacer referencia a dos enmiendas transaccionales que no podemos pasar por alto. La primera es fruto de una transacción de última hora entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Se pretende añadir un nuevo epígrafe al artículo 1 para permitir "la restitución o compensación por la pérdida de bienes y derechos radicados fuera del territorio español. En este supuesto la titularidad será acreditada según lo establecido en la presente ley", es decir, mediante la apreciación de meros indicios, y, caso de duda, operará la libre decisión del Gobierno.

¿Qué se esconde detrás de esta enmienda? Pues ni más ni menos que la reversión al Partido Nacionalista Vasco de un palacete en París que es propiedad del Estado español donde está hoy la sede del Instituto Cervantes en la capital francesa. Este inmueble nunca fue propiedad del Partido Nacionalista Vasco sino del Gobierno vasco en el exilio. Precisamente por ello, el Estado francés lo entregó al Estado por pertenecer a una institución de la República española cuya existencia legal había dejado de existir.

A los diputados y senadores del PNV que el pasado fin de semana montaron un ochote en Paría para cantar el Gora ta Gora en el despacho utilizado por el presidente del Gobierno vasco en el exilio, José Antonio Aguirre, y entregaron al director del Instituto Cervantes un escrito exigiendo la devolución del palacete, les invito a entrar en la página web oficial de la presidencia del Gobierno vasco a la que supongo el PNV dará cierto crédito. En ella se informa que el edificio, -una "propiedad", y cito literalmente, que "nunca ha sido devuelta a la administración vasca"-, fue adquirido por el Gobierno vasco "gracias a las relaciones de varios expatriados". Es pues el propio Gobierno vasco quien desmiente al Partido Nacionalista Vasco en su pretensión de considerarse propietario del palacete. Por eso, nuestro Grupo exige al partido que sustenta al Gobierno que diga aquí y ahora si ha pactado la consumación de esta tropelía transaccional y aclare si la presentación de esta enmienda está en relación directa con el apoyo del PNV a la ley de la memoria histórica. En cualquier caso si se consumara este expolio mucho me temo que el Gobierno habría entrado de hoz y coz en el Código Penal.

La otra enmienda se refiere a la exclusión de ANV de la relación de posibles beneficiarios de la reapertura de la ley de 1998. Quede claro que nuestro Grupo –faltaría más- votará a favor de esta enmienda transaccional. Pero hago la observación de que es más que discutible desde el punto de vista jurídico que a un partido legalmente constituido y que disfruta actualmente de la presunción de legalidad se le pueda privar, sin vulnerar el principio de igualdad, de los beneficios de la nueva ley, so pretexto de haber presentado en las últimas elecciones municipales candidaturas que fueron anuladas conforme a la ley de partidos. Este hecho no fue suficiente, a juicio del Gobierno y de la Fiscalía, para instar la ilegalización de ANV. ¿Acaso no ha dicho el Gobierno, por activa y por pasiva, que no hay pruebas que permitan instar la ilegalización de ANV y que se trata de un partido plenamente legal? Ocurre que el Gobierno y el Grupo Socialista han caído en su propia trama y tratan ahora de evitar el gran escándalo que supone regalar dinero a un partido que todo el mundo sabe forma parte del entramado de ETA.

Concluyo. No se puede reparar un injusto latrocinio con otro latrocinio ni convertir el Congreso en un club de amiguetes que no muestra el menor respeto a las arcas públicas que si están llenas es gracias al esfuerzo de los ciudadanos. No se puede quebrantar de forma tan grosera el principio de igualdad ni eliminar las garantías jurídicas que exigen la prueba de la titularidad derecho invocado.

Es éticamente reprochable otorgar al Gobierno la facultad de repartir fondos públicos de forma discrecional, por no decir, arbitraria para beneficiar a sus socios y a su propio partido. Así no se honra la memoria histórica. Por todo ello, advierto a la mayoría parlamentaria que nuestro Grupo estudiará la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esta aberración legislativa.

Estoy seguro de que volverán a repetir aquello de que una vez más el Grupo Popular se ha quedado solo. Pero no nos importa porque para nosotros será un timbre de honor habernos quedado solos en defensa de la dignidad y el decoro de esta Cámara.