Muchos ciudadanos consideraron que la oficialización de la lengua gallega no tenía por qué significar la exclusión de la castellana o española común, que, además, seguía siendo oficial. De hecho, esta solución aditiva, que era evidentemente la diseñada en la Constitución, tuvo plasmación en la legislación general. La Ley 07/1985, de Bases del régimen local, en su art. 14.2. establecía, antes de la instauración del nuevo régimen de dependencia nacionalista, que La denominación de los municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva comunidad autónoma, o en ambas

Claro y sencillo. ¿Por qué no satisfizo a nuestros normalizadores unánimes? ¿Por qué duró tan poco el sentido común? Queda para otro día, pero retengamos ya aquel esquema binario explicativo de éste y de la mayoría de los problemas políticos que padecemos:


Todos nuestros problemas políticos se reducen y resumen en dos: la corrupción de la democracia en partitocracia nos ha dejado a los ciudadanos en una ratonera con dos únicas salidas. Unos se inclinan por una y se entregan, incluso con entusiasmo, al socialnacionalismo; otros nos inclinamos por la otra, y votamos por el mal menor, es decir, el nacionalismo 'moderado' por el PP.

Y este sencillo esquema explica muchos de nuestros males políticos, desde la increíble persistencia y vigor del último foco terrorista en Europa (con un territorio sometido a 'protectorado' en el que no rige la Constitución, un número considerable de municipios en su poder y la capacidad, que activará cuando quiera, de sentar al estado a negociar) hasta el fraccionamiento de la ciudadanía en territorios lingüísticos de régimen especial, llamados ya francamente naciones por todos los partidos, incluidos el Socialista Obrero Español y el partido Popular, condenados a sí mismos a alternarse como pareja de Galeuscat en el gobierno de España.

Pero hay algo peor y aún ontológicamente previo y necesario para la eficacia liberticida de ese esquema: el acuerdo partitocrático consistente en que el estado-hydra o cualquiera de sus cabezas, puede regularlo todo (alguien lo explico con la comparación del estatuto catalán con la constitución norcoreana). Por ejemplo, imponer un idioma y prohibir otro, aunque sea cooficial, en la enseñanza, pública o privada, sin más posibilidad de elusión que la emigración.

Una de las manifestaciones aparentemente más inocuas del asfixiante intervencionismo de un estado-tumor en metástasis, es el increíble poder de decidir cómo hay que llamar a las cosas.

Así, contra toda razón, contra los dictámenes de las instancias verdaderamente competentes, venimos siendo salpicados por una fina diarrea de neologismos acuñados en los 'laboratorios de ideas' para la ingeniería social de nuestros políticos: progenitor A, progenitor B, violencia de género, interrupción voluntaria del embarazo, ...

Una hijuela es la de los nombres de los lugares, la toponimia. En el Viejo mundo, donde ya no queda tierra por descubrir desde la Odisea, los nombres de los sitios están puestos desde hace siglos. Queda ahora para esta raza voraz, la quincalla de los nombres de las calles, con los que dar rienda suelta a su odio y a su ignorancia, que, a veces, no sólo se lleva por delante los nombres -unos nombres en favor de otros- sino también placas y estatuas. Pero al menos los nombres de las ciudades, de los pueblos, de los lugares donde vive la gente y que coinciden con comunidades históricas como municipios, comarcas o regiones, podían respetarlos. Pues no: también le han metido mano al nomenclator.

Para ello proceden inventando un rótulo competencial. Donde ningún poder público anterior, ni siquiera los reyes que otorgaban las cartas pueblas y establecían o creaban jurídicamente la población, se habían atrevido a tanto, estos tipos deciden que la toponimia es de su competencia. Porque ellos lo valen. Hay, es cierto, precedentes próximos, pero corresponden a otras culturas y no parecen recomendables (Leningrado, Stalingrado) ni duraderos.

Decimos esto a propósito de La Coruña, caso que tiene una historia muy interesante para apreciar las simas de estupidez, y lo prescindibles que son los señores de los nombres. Consta en el insuperado relato de Andrés Freire en La Ilustración Liberal.

La ciudad y la provincia tenía un nombre en gallego, Cruña, y un nombre en castellano, Coruña, como es perfectamente normal en un territorio en el que se hablan dos idiomas. Pero esto no parecía normal a los normalizadores, los que se alzaron con el monopolio de decidir qué es lo normal, y, peor aún, de hostigar hasta la extinción aquello que no satisface su caprichosa vara de medir.

Como sólo una de las dos lenguas era oficial, sólo había un nombre oficial. Que en un territorio haya una sola lengua oficial aunque haya dos o más lenguas de uso, es algo perfectamente normal. Así ha sido en la mayor parte de Europa. Sin duda, tiene algunos inconvenientes, y también grandes ventajas, claro está. En fin, estos tipos debieron sopesar los inconvenientes y las ventajas de nuevo y decidieron que era mejor que hubiese dos lenguas oficiales, aunque, según luego demostraron con los hechos, con el propósito de reducirlas en la práctica a una sola, la que antes no era oficial, y substituir a la que lo había sido desde que el concepto mismo de lengua oficial empieza a significar algo.

En el caso de La Coruña, antiguo nombre oficial, o A Cruña, nombre tradicional en Gallego, optaron por un híbrido, con el artículo en gallego y el sustantivo tradicional castellano, y de esta hibridación operada a raíz de la ley 03/1983 procede el actual nombre oficial único, A Coruña.

Muchos ciudadanos consideraron que la oficialización de la lengua gallega no tenía por qué significar la exclusión de la castellana o española común, que, además, seguía siendo oficial. De hecho, esta solución aditiva, que parecía la diseñada en la Constitución, tuvo plasmación paralela en la legislación general. La Ley 07/1985, en su art. 14.2. establecía, antes de que el nuevo régimen de dependencia nacionalista se instaurase, que La denominación de los municipios podrá ser, a todos los efectos, en castellano, en cualquier otra lengua española oficial en la respectiva comunidad autónoma, o en ambas

Claro y sencillo. ¿Por qué no satisfizo a nuestros normalizadores unánimes?

Queda para otro día, pero retengamos ya aquel esquema binario explicativo de éste y de la mayoría de los problemas políticos:

  • la unanimidad de los políticos en considerar que les pertenece, por turnos, el poder de cambiar los nombres de las cosas, entre ellas, los pueblos y ciudades, como muchas otras atribuciones inconcebibles en la historia de los despotismos anteriores, excepción hecha del soviético;

  • la fragmentación del antiguo bipartidismo de articulación nacional-estatal en las correspondientes sucursales, a imagen y semejanza de los partidos de Galeuscat


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