Generalidades
Foro Ermua
Bilbao, 21 de octubre de 2011. Desde hace veinte meses, el Foro Ermua está denunciando abiertamente que el Gobierno estaba procurando presentar como logro electoral antes de las próximas Generales la “escenificación de una derrota de ETA que está pactada con ETA” y que sólo en ese contexto era comprensible la sucesión de beneficios judiciales, políticos, penitenciarios, … con el que ETA ha obtenido poder, impunidad, financiación y legitimidad internacional.  El acceso de ETA –con el disfraz de Bildu- a las Elecciones Municipales y la posibilidad abierta de hacerlo el 20-N a las Generales, convirtiéndose en la primera fuerza política en el País Vasco, es el único marco –porque es la realidad- para interpretar con acierto las expectativas impensables que se han abierto a ETA y a su entorno por la “vía de la legalidad”, como en numerosas ocasiones han comunicado.

En este contexto, ETA corresponde al Gobierno por los múltiples favores recibidos:

1.     El comunicado de ETA es contradictorio en sí mismo y no garantiza que nos encontremos ante el final irreversible del terrorismo. No se puede anunciar un cese definitivo de la violencia y solicitar al mismo tiempo un proceso de diálogo que tenga como uno de sus objetivos principales “la superación de la confrontación armada”.

2.     Si la renuncia al terrorismo fuera realmente definitiva, ya no existiría “confrontación armada”. No es la primera vez que ETA utiliza adjetivos grandilocuentes para anunciar el cese del terrorismo, sin que ello haya impedido que se vuelvan a cometer atentados. En la última ocasión declaró un “alto el fuego permanente” que resultó ser temporal y terminó con el atentado en la T4 en el que la banda asesinó a dos personas.

3.     Si la decisión de ETA de cesar en el uso del terrorismo fuera irreversible, resultaría ilógico que no fuera seguida de una entrega de las armas y una disolución de la banda.

4.     Resulta extremadamente sospechoso que este comunicado sea difundido un mes antes de las Elecciones Generales. Estamos ante un dato adicional que viene a apuntalar las severas sospechas de que el mismo es producto de un proceso de negociación, aumentando las dudas sobre la sinceridad del mismo.

5.     Las fuerzas políticas están demostrando una gran irresponsabilidad y desconocimiento de la banda terrorista al reaccionar con euforia ante el comunicado en lugar de tener la necesaria y sana cautela que una situación como ésta requiere.

6.     El Estado debe mantener una postura de firmeza en la lucha antiterrorista. Se debe mantener la presión policial, la política penitenciaria y la ilegalización de Batasuna y sus sucesoras. No hay nada que dialogar ni negociar con ETA ni con ninguna de sus estructuras.

7.     Si el cese del terrorismo fuera realmente definitivo, mantener la firmeza antiterrorista no tendría efecto alguno sobre dicho cese. Si el cese fuera meramente estratégico, mantener la firmeza antiterrorista resulta esencial.

Para poder afirmar que estamos ante el fin de ETA son necesarias determinadas condiciones: (1) Que anuncie su disolución definitiva e irreversible. (2) Que entregue las armas, y descubra sus zulos y pisos francos. (3) Que pase una cuarentena suficiente –al menos cuatro años- en los que, sin diálogo alguno con el Estado y manteniendo en toda su extensión la política antiterrorista, se pueda comprobar (a) que desaparece todo tipo de violencia y coacción terrorista, (b) que no funciona el frente de extorsión, (c) que no hay aprovisionamiento de ningún tipo, (d) que no hay captación de nuevos terroristas y (e) que no hay actividad de la banda de ninguna otra clase.

Las víctimas del terrorismo y la recuperación sin límites ni cesiones de una libertad secuestrada deben ser la guía en la lucha contra ETA y en el camino para conseguir su extinción irreversible. Desde el Foro Ermua reiteramos la necesidad de una reacción ciudadana ante los resultados de una negociación soterrada con ETA que el Gobierno socialista, con el apoyo del PNV, han ejecutada a pesar de la oposición de 7 de cada 10 españoles y que se pretende dejar como herencia parasitada al nuevo Gobierno que surja tras los comicios del 20-N.

Inma Castilla de Cortázar y demás miembros de la junta directiva