Debate identitario

La Real Audiencia

Pero no bastaba con proteger las peregrinaciones o aplacar la inestabilidad interna de la nobleza; para restaurar la normalidad del reino era preciso que los reyes resolviesen algunos de los problemas endémicos del país como, por ejemplo, el desequilibrio entre los dos estamentos más importantes del reino, nobleza y clero. Vasco de Aponte escribía en los años treinta del siglo XVI que en Galicia comenzó una época de grandes justicias con el reinado de los Reyes Católicos. Con esa expresión trataba de explicar el impacto social que tuvo la Hermandad y más concretamente la Real Audiencia. El clero -tanto secular como regular- era el principal propietario de tierras, mientras que la nobleza era especialmente poderosa en autoridad jurisdiccional. El resultado de este desequilibrio fue la extraordinaria difusión de las encomiendas laicas sobre iglesias y monasterios: los nobles amparaban las propiedades de la Iglesia frente a la rapiña de otros nobles y por eso percibían parte de las rentas monásticas o se apropiaban de sus bienes raíces. Lo peligroso de este sistema era que no había alternativa al poder de la nobleza en el caso de que ésta sobrepasase los límites de la protección.

Este problema venía de lejos y había llegado a ser agobiante para la infinidad de monasterios que se repartían por toda la geografía gallega. Si en algo se distinguía el reino de Galicia de los territorios vecinos era precisamente por la densidad de propiedades eclesiásticas, bien fuese de titularidad monástica -especialmente de benedictinos y cistercienses, aunque también de mendicantes-, o bien de propiedad episcopal. Algunos cenobios eran muy antiguos y entre sus fundadores o patrocinadores se contaban los linajes más eminentes del pasado medieval gallego. Pero el antiguo patrocinio nobiliario, que fue muy generoso en donaciones durante los siglos centrales de la Edad Media, se había transformado en una losa insufrible con el paso del tiempo, porque los bienes se habían fragmentado en un sinfín de encomiendas que usurpaban tanto los descendientes de los fundadores como los nuevos clanes nobiliarios que habían prosperado a su sombra.

Muchas familias nobles dependían de las encomiendas para mantener su rango, pero muy pocas guardaban documentos escritos con los que justificar la posesión: en la práctica se transmitían a los herederos con absoluta normalidad, como si se tratase de bienes pertenecientes al tronco familiar, de modo que el paso de las generaciones no hacía sino complicar las cosas. Hubo muchos litigios promovidos por los monasterios a lo largo de la época Trastámara, pero las sentencias de los tribunales reales tardaban demasiado en llegar y por lo general no se podían aplicar, si es que se dictaban, por culpa de la oposición nobiliaria. Durante su estancia en Compostela, los reyes comprendieron el verdadero alcance del problema y trataron de encontrar soluciones eficaces, aunque el problema no tenía fácil remedio.

El criterio que defendieron Isabel y Fernando fue el de hacer cumplir el derecho frente a la política de los hechos consumados que planteaba la nobleza: en la práctica esto se traducía en que los nobles beneficiarios de las encomiendas reclamadas por los monasterios tendrían que demostrar con papeles sus títulos de propiedad. No bastaba con alegar que sus antepasados siempre habían tenido tal o cual encomienda: era preciso probarlo de forma fehaciente ante un tribunal real, el de la Real Audiencia. De este modo los reyes se convirtieron en la institución arbitral por antonomasia de aquella Galicia surcada de reclamaciones entre los dos estamentos preeminentes. Y esta decisión tuvo de por sí un enorme valor, porque devolvió a su lugar de origen el papel arbitral de la monarquía, en tanto que poder superior e independiente de nobleza y clero. Atrás quedaban los tiempos en los que un linaje o un gran señor se amparaba en el favor momentáneo de un rey o de un bando cortesano para imponer su autoridad. Ahora las cosas habían cambiado en un sentido totalmente distinto, porque los oidores y alcaldes de la Real Audiencia no pertenecían a ninguno de los grupos en litigio, sino que representaban la neutralidad de la corona a la hora de dictar sentencia conforme a derecho. La consecuencia más inmediata que se derivó de este principio fue el de hacer inviable la guerra privada y la usurpación unilateral; si un caballero quería conservar una encomienda, tenía que ganar la batalla en los tribunales, no en las emboscadas desde sus castillos, so pena de perder ambas cosas, porque los cuadrilleros de la Hermandad se encargaban de recordar en todo momento dónde estaba el límite de lo infranqueable.

La implantación en Galicia de la Real Audiencia acabaría siendo decisiva a largo plazo para la resolución de estos antiguos problemas de fondo, aunque de momento las cosas no se arreglaron de la noche a la mañana. Había un problema especialmente preocupante: si se arrebataba a la nobleza el caudal de las encomiendas monásticas se corría el riesgo de quebrar irremisiblemente su estatus social y económico. Por otro lado, no se podía pasar por alto que la vida interna de los monasterios también estaba profundamente relajada; de poco serviría reconstruir los patrimonios materiales de las comunidades de religiosos si éstos no recuperaban la función para la que habían sido dotados. Entre las corruptelas más escandalosas destacaba la abundancia de concubinas y barraganas. Era imprescindible acometer una reforma de la vida monástica en paralelo a la restauración material, pero sin incurrir en la quiebra del estado nobiliario. Para mayor complicación, había que tener en cuenta la opinión y las decisiones de Roma en todo el proceso de reforma, porque la vida monástica y sus reglas internas era competencia de la Santa Sede. El gobernador Diego López de Haro presentó todas estas cuestiones durante su viaje a la curia pontificia en 1484. En este punto concreto tuvo una gran importancia la política reformadora de los reyes, destinada a concentrar la organización de los monasterios de todos sus reinos -incluidos los de Galicia- en torno a unos cuantos cenobios que ya tenían consolidada la llamada “observancia”, es decir, la regla monástica reformada. Los benedictinos, por ejemplo, se acabaron integrando dentro de la Congregación de san Benito de Valladolid.

A medida que se empezaban a resolver ante el tribunal real los litigios entre iglesia y nobleza, se fue afianzando la idea de separar las respectivas funciones del gobernador y de la Audiencia. El primero se encargaría de tomar las decisiones militares y administrativas, para las que necesitaba un cierto grado de movilidad, mientras que el tribunal se ocuparía de llevar adelante los procesos judiciales en un lugar más estable. De este modo se irían especializando y separando ambas instituciones, hasta que en el siglo XVI se produjo una mayor estabilidad de la Audiencia, aunque rotando entre las principales ciudades y villas del reino de Galicia.