Memoria histórica
Hay que desmentir la falacia de que la Ley de Memoria Histórica viene a cubrir una reparación en justicia a las víctimas del bando vencido, cuando lo que pretende es retrotraer la legitimidad democrática a los tiempos de la II República convirtiendo a la transición, a su espíritu de conciliación nacional, y a la Constitución, en herederos del franquismo, y por tanto ilegitimar al Rey, a la UCD y su heredero parlamentario, el PP, y a otorgar un papel "honroso" a quienes llevan cuarenta años asesinando porque serían "luchadores antifranquistas".

Mucha gente de buena fe, se cree el cuento de que era necesaria. ¿Lo era? César Vidal resumió lo antecedentes:

-En 1975, el mismo año de la muerte de Franco y con ocasión de la proclamación de SM Juan Carlos I como Jefe del Estado, el Decreto 3357 declaró revisadas de oficio y anuladas todas las sanciones administrativas que procedían de la Ley de 10 de febrero del 39 de responsabilidades políticas.
-En 1976, rigiendo todavía las Leyes Fundamentales del Movimiento, el Decreto 840 amplió el contenido del texto legal anterior y declaró revisada de oficio y anulada
cualquier causa entablada contra funcionarios
. Ese mismo año, también se concedieron las primeras pensiones para mutilados de guerra del Ejército Popular de la República, que serían ampliadas sucesivamente en 1978 y 1980 con los gobiernos de UCD.
-En 1977, antes de las primeras elecciones democráticas, la Ley 46 constituyó una medida de gracia para todos los actos de intencionalidad política y dejó sin efecto las resoluciones judiciales y los actos gubernativos o administrativos que hubieran ocasionado cualquier tipo de sanción, restituyéndose a los afectados en sus derechos.
-En 1978, con el gobierno de la UCD, el Real Decreto nº 6 reguló la situación de los militares que habían combatido en el bando frentepopulista en la guerra civil.
-En 1979 la Ley 5 reconoció el derecho a una pensión para los que hubieran fallecido en la guerra civil, fueran o no combatientes. Esta misma norma reconocía ese derecho a los condenados, a las víctimas de la violencia, a los privados de libertad, a los desaparecidos. Igualmente se reconocían pensiones vitalicias de viudedad o de orfandad y de asistencia médico farmacéutica.
-En 1984, con el Partido Socialista, la ley 37 aprobó una pensión para todo el personal al servicio de la República.
-En 1986, Felipe González comenzó la devolución de bienes incautados a los sindicatos. Es significativo que la CNT, el sindicato anarquista, fue excluido del reparto mientras que la UGT recibió en 2005, ya con Rodríguez Zapatero, una nueva y extraordinaria inyección de millones.
-En 1990 los Presupuestos Generales del Estado reflejaron una indemnización para todos los que hubieran sufrido prisión de tres o más años durante el franquismo y hubieran superado los 75 años de edad.
-En 1995 las Comunidades Autónomas aprobaron fondos para los que no hubieran podido acceder a los beneficios de la anterior norma.
-En 1996, estando en el gobierno el Partido Popular, se aprobó una declaración de condena a los alzados en 1936 y al franquismo. Esta declaración fue objeto de duras críticas por no haber incluido asimismo una condena del golpe de 1934 en Asturias contra la República de la Ezquerra Republicana y el mismo PSOE.
-En 1998, Aznar reconoció por Ley la compensación a las formaciones políticas, ampliando la normativa de la época de González.

En un esfuerzo claro por restañar las heridas de la guerra civil, desde la llegada de SM Juan Carlos I a la Jefatura del Estado, se han aprobado una veintena de normas para compensar a las víctimas del franquismo, para reconocer a los combatientes frentepopulistas, para los mutilados, los antiguos reclusos, para los juzgados y sancionados, incluso para los depurados, los sindicatos y los partidos. La mayoría de estas normas fueron aprobadas con gobiernos de la derecha. Las de Felipe González pretendían sobre todo la entrega de fondos a formaciones de la izquierda.

Por todo ello en términos jurídicos de justicia y reparación, la Ley de Memoria Histórica no tiene justificación alguna. En términos políticos, sin embargo, tiene una clara finalidad:

1) Busca lavar el pasado de las formaciones que ahora apoyan a ZP: La Ezquerra Republicana que, junto al PSOE, dio un golpe de Estado de 1934 y fue responsable de miles de asesinatos; el PNV que traicionó al Frente Popular en Santoña pactando con los fascistas italianos; el mismo PSOE responsable también de la muerte y tortura de miles de inocentes; o el Partido Comunista que no solo asesinó a los de la derecha sino también a los de la izquierda como el POUM. Todos ellos emergerán de esta Ley como impolutos defensores de una democracia que aniquilaron. Todo ello sin contar el silencio sobre la persecución religiosa o sobre las matanzas en masa como la de Paracuellos.

2) Busca legitimar a la ETA, transmutando a los terroristas en luchadores antifranquistas.

3) Busca ensuciar la imagen del único partido que no participó en la guerra, el Partido Popular, asociándolo con el franquismo mediante el recurso de identificar ese régimen con la mera negación de la versión frentepopulista del período.

4) Busca crear nuevos pesebres para satisfacer la rapiña de los amigos del poder.

5) Busca dividir de nuevo a la sociedad española, deslegitimando a los que no voten opciones de izquierda o nacionalistas. Y lanza una carga de profundidad contra la Monarquía conectándola directamente con el execrado franquismo.

En definitiva, la Ley de Memoria Histórica es una estafa jurídica, histórica, política y moral. Y, por tanto, el mayor envite lanzado contra la España democrática que ha basado su prosperidad y bienestar, sus derechos, en la conciliación y el consenso que significa la Constitución de 1978.

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