España de luto

Por la memoria, la dignidad y la justicia para con las víctimas del terrorismo; por nuestro propio sentido de la decencia

Coruñeses, este domingo 27 de octubre a las 12:30 se concentran en la plaza Colón de Madrid las víctimas del terrorismo y los ciudadanos de bien que puedan acompañarlas, convocados por diversos colectivos.

Nosotros, los que no podemos ir a Madrid, como otras veces a estar con ellos [aunque se está organizando un autobús desde Coruña por el delegado de la AVT, tfno. 607 719 718] nos vamos a concentrar aquí, en el Obelisco, a las 12:30.

Júzguese si los ciudadanos, los que no somos conniventes con el terrorismo ni con su impunidad, los que nos dolemos del incesante agravio a las víctimas como hecho a nosotros mismos, tenemos razones para reunirnos en la plaza pública y gritar, otra vez, ¡basta ya de tanta infamia!

El tribunal europeo de derechos humanos acaba de burlarse de los derechos humanos de los españoles, del derecho de los españoles a la vida y a la integridad personal, dejando completamente impunes los asesinatos cometidos desde finales de los setenta, a condición de que no fueran la primera víctima del mismo asesino, única por la que éste ha penado. Asesinado el primero, todos los demás, gratis total, o como se ha dicho acertadamente, tarifa plana.

Tal infamia se ha consumado para beneficiar a los terroristas nacionalistas vascos, aunque por efecto reflejo también beneficia a otros macrocriminales carentes de coartada política.

Distribuida la pena efectiva entre todos los asesinatos cometidos por Inés del Río, poco más de un año de cárcel le parece al tribunal de derechos humanos que vale la vida de cada español asesinado por ella, en sintonía con la valoración asignada por los socialistas a las víctimas de Juana Chaos o por sus sucesores "populares" a las víctimas de Bolinaga, exhibiendo en ambos casos el mismo salvoconducto que ahora el tribunal que luce ese pomposo nombre: los derechos humanos de los matarifes para despreciar los de quienes no matamos para realizar nuestras fantasías, sobre todo, los de las víctimas.

Para que Inés del Río haya salido a la calle y pueda ya estar tomando potes con el eterno moribundo Bolinaga, y pronto se les reúnan Troitiño y decenas de compinches entre el rogocijo de quienes hacen de la muerte y dolor ajenos el motivo de su alegría, han sido precisas muchas infamias, muchas traiciones, además de la crueldad o indiferencia de este rimbombante tribunal.

Fue preciso que el PSOE de Felipe González se opusiese obstinadamente, desde 1982, en alguna ocasión por boca del entonces aprendiz Zapatero1, al cumplimiento de las penas impuestas a los terroristas y demás grandes criminales, propuesto también reiteradamente por AP o PP, entonces en la oposición.

La adaptación del Código penal al fenómeno criminal más grave de la época no pudo llevarse a efecto hasta la primera mayoría absoluta del PP, en 2003, con más de veinte años de retraso desde el arrollador triunfo socialista de 1982, que, o con mayoría absoluta o con la venta a los nacionalistas de la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas y de otros intangibles a cambio de la ‘gobernabilidad’, combinó ese portillo legal a la impunidad con el terrorismo de estado, asesinando a su vez a algunos terroristas ciertos o presuntos, sin juicio previo: de la razón de estado a la rendición del estado, eludiendo lo propio del estado de derecho, que es el derecho.

Tuvo que ser el Tribunal Supremo el que remediase jurisprudencialmente esa lenidad fraudulenta, consistente en la redención de penas por trabajo y estudio ficticios, mediante la modificación, no de la ley, ni de las sentencias firmes, ni de las penas en ella impuestas, sino de su ejecución, evitando el fraude. Es falso, por tanto, que los tribunales españoles hayan vulnerado el principio de legalidad, ni siquiera en su vertiente temporal, la irretroactividad.2

Toñi Santiago

Fue preciso que volviesen los socialistas al gobierno y traicionasen el pacto por las libertades y contra el terrorismo, ofreciendo a la banda "la derogación" de la "doctrina parot" -el remedio jurisprudencial del Tribunal Supremo a la lenidad socialista con el terrorismo y otros crímenes especialmente horrendos- por boca del negociador Gómez Benítez (vocal del Consejo General del Poder judicial por la cuota socialista, en el asqueroso sistema de reparto que tienen pactado los partidos). Así lo ha consignado la banda terrorista en las actas de las negociaciones bendecidas por el electorado español -al que se ocultaban sus aspectos más sórdidos- con la reelección de su impulsor, Zapatero.

Fue preciso que este funesto gobernante incrustase a otro de sus esbirros, López Guerra, haciendo de magistrado en el Tribunal Europeo para obtener esta infame sentencia. Este tribunal no ofendió a otros ciudadanos europeos con un insulto semejante al que ha escupido a los españoles en el rostro de las víctimas.

Cuando Chipre modificó, no los criterios de cumplimiento de la pena, sino su ley penitenciaria, lo que supuso seis años más de cárcel para un asesino llamado Kafkaris, el exquisito tribunal no apreció retroactividad. Mucho menos cuando Reino Unido hizo lo propio con Hogben y Uttley. Esa chulería, modificar su jurisprudencia ad hoc -pro ‘proceso’-, sólo puede hacérsenos esto a los españoles, porque llevamos décadas gobernados por traidores, acaso con el paréntesis de los gobiernos de Aznar, constituyendo la actual mayoría absoluta del Partido Popular una perfecta asunción, sin solución de continuidad, del repugnante proceso de rendición trabajado a conciencia por los socialistas, cuya herencia ha aceptado el nuevo PP -este que no es liberal ni conservador- sin beneficio de inventario y con todas sus consecuencias.

Dos pájaros sueltos, Bolinaga y el faisán, ya lo atestiguaban. El mantenimiento, sin revocación o siquiera recusación, del prejuicioso y perjudicial socialista López Guerra, entre otros muchos indicios, lo demuestran.

La Coruña, 23 de octubre de 2013

 


 

1 «¿Cumplimiento íntegro de penas? ¡Su propuesta es reaccionaria!»

Las críticas y reproches a José Luis Rodríguez Zapatero durante los casi ocho años que ostentó la presidencia del Gobierno incidían en el término «inane» como resumen descalificatorio de su políticas. Solo desde el más profundo desconocimiento de lo que es la inanidad –algo vano, fútil o inútil– se puede aplicar el adjetivo «inane» a Zapatero, cuyo paso por le jefatura del Ejecutivo de España ha provocado daños tan graves en las estructuras del Estado que solo una ambiciosa reforma integral del armazón nacional podrá salvarnos del siniestro. Rodríguez Zapatero no se caracterizaba precisamente por la levedad de sus acciones; detrás de ese «buenismo» de apariencia intrascendente se escondía el político con mayor capacidad de destrucción de la democracia española, aunque en su descargo pueda alegarse que tal vez no fuera consciente de la gravedad de sus actos. Pura inconsciencia, en todo caso.

Ahora que los terroristas hacen cola para reclamar a la Audiencia Nacional que les abra la puerta de la calle, convendría detenerse en la respuesta que en 2001, siendo portavoz del PSOE, dio un jovencísimo Zapatero a la reiterada iniciativa del PP –defendida en aquella ocasión por Rodrigo Rato– para que los etarras y otros criminales cumplieran íntegramente sus penas. Zapatero: «¡Su propuesta es reaccionaria!; les pido que no se sumen a las tendencias que, en cuanto a política criminal, parecen volver a los postulados vigentes después de la II Guerra Mundial». Al respecto, la que fuera años después vicepresidenta primera de su Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, por entonces secretaria de Estado de Justicia del Ejecutivo de Felipe González, dijo: «Con el cumplimiento íntegro de las penas, pretenden ustedes retroceder 200 años para aplacar los supuestos deseos de venganza». La fatalidad y el destino se aunaron para que José Luis Rodríguez Zapatero y Teresa Fernández de la Vega alcanzaran en 2004 la más altas responsabilidades en el Ejecutivo de España.

¿Inanidad? Todo lo contrario. Los efectos diferidos de aquellas políticas siguen siendo, a día de hoy, una amenaza imposible de cuantificar. Porque no nos engañemos: la doctrina Parot es incompatible con el ADN del socialismo que encarnó Zapatero, un visionario que convirtió España en un laboratorio de pruebas para experimentar los efectos de la ideología de izquierdas más quimérica y nociva. En un claro ejemplo de imprudencia temeraria, se empeñó en probar sus recetas sobre la piel de una nación que todavía hoy se rasca. Y sangra.

  • 24 oct. 2013. ABC (Galicia)JAIME GONZÁLEZ

En el Diario de sesiones del Congreso:

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El señor De Rato Figaredo defiende la proposición de ley del Grupo Popular, señalando que por cuarta vez plantean una iniciativa ante la Cámara para conseguir que los terroristas y los narcotraficantes cumplan íntegramente las penas a las que son condenados. Recuerda que el propio Presidente del Gobierno, en el debate de investidura posterior a las elecciones generales de 1989, exponía su intención de proponer a la Cámara las reformas legales necesarias para que las sentencias relacionadas con los delitos de terrorismo o tráfico de drogas fueran cumplidas en su integridad.

Pero algo debió suceder con posterioridad para que tales promesas no se cumplieran, sin que pueda decirse lamentablemente, que el terrorismo o el narcotráfico han reducido su actividad en la sociedad española durante los años 1990 y 1991. ... ... ...

 


2 isabel permuy entrevista en ABC el 24/10/2013 a Javier Borrego, abogado del Estado jefe del Tribunal de Cuentas y exjuez del Tribunal de Estrasburgo

El hoy jefe de los abogados del Estado en el Tribunal de Cuentas asegura que el papel del representante español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es fundamental. Lo vivió en primera persona, cuando, como antecesor de Luis López Guerra en Estrasburgo, explicó a sus compañeros por qué había que avalar la decisión de la Justicia española de ilegalizar Batasuna. España ganó aquella batalla. La de la doctrina Parot no ha sido posible.

-¿Cómo valora la sentencia de Estrasburgo sobre la etarra Inés del Río?

-Ha sido una sorpresa, porque modifica radicalmente su jurisprudencia. Estrasburgo siempre ha distinguido entre la pena impuesta por el tribunal y el cumplimiento de la pena. Las modalidades de ejecución de pena (libertad condicional, redenciones de penas por trabajo, etcétera) forman parte de la política criminal. Lo único que se enmarca en el artículo 7 (uno de los dos que Estrasburgo considera que España ha vulnerado) es la imposición de la pena cuando dice que no hay pena sin ley. El Reino Unido duplicó la condena de un violador que estaba a punto de salir, y Estrasburgo dijo que eso era modalidad de ejecución de la pena. Ahora sostiene que no.

-¿Y por qué cree que el tribunal europeo ha dado este giro?

-Porque alguien se ha empeñado. Tras la doctrina Parot que estableció el Supremo en 2006 se creó un grupo minoritario de juristas a los que no les gustaba esta interpretación y se erigieron en defensores de los derechos humanos de los terroristas. Uno de estos juristas me dijo: «Qué barbaridad, la doctrina Parot, veinte años en la cárcel destrozan a un ser humano». ¿Y la persona asesinada por ese condenado? Y respondió: «Me estás hablando de venganza». ¿Condenar a un asesino es una venganza? Desde el momento en que se establece la doctrina Parot este grupo se organiza. Esa es la realidad.

-¿Se esperaba el fallo?

-Sí, por la presencia de López Guerra y la personalidad de este juez, que pertenece a ese grupo minoritario. La razón de ser de que el juez nacional (el del país sobre el que se está decidiendo) esté en la Gran Sala es para que explique al resto el Derecho nacional.

-Por lo que está diciendo, el papel del juez español en este asunto ha sido fundamental...

-Luis López Guerra es uno de los convencidos de que la doctrina Parot había que cargársela, y el Derecho nacional que explicó en Estrasburgo no es el Derecho nacional del Supremo y del Constitucional, sino que puso el acento en la teoría minoritaria.

-Desde su experiencia en Estrasburgio, ¿hasta qué punto ha podido influir en esta sentencia la proyección internacional del llamado proceso paz y lo que «vende» el entorno de ETA?

-No creo que haya influido mucho, pero es evidente que se ha vendido y expuesto. ETA tiene un aparato de propaganda muy fuerte, muy activo. Están presentes en Ginebra, en Estrasburgo... lo cuidan mucho.

-¿Cree que el juez español tendría que haberse inhibido?

-Eso pertenece a la conciencia de cada uno. Yo sé lo que yo hubiera hecho.

-¿Y qué hubiera hecho usted?

-Si yo hubiera sido secretario de Estado de un Gobierno que promovió una declaración de negociación política con ETA, me habría pensado mucho seguir desde el primer momento.

-¿Qué posibilidades había de que prosperara el recurso?

-Era difícil, pero factible. Hemos tenido precedentes de sentencias unánimes. La defensa del Abogado del Estado fue magnífica y el alegato final, el decir que no vale igual un asesinato que veinticinco, descolocó a todos.

-Si en vez de estar López Guerra en el tribunal europeo hubiera estado usted, ¿el fallo habría sido el mismo?

-Eso es un futurible. Lo que le puedo decir es que al igual que López Guerra tiene sus ideas sobre la doctrina Parot yo también tengo las mías. Y yo tengo muy claro que una mayoría aplastante del Supremo y veinticinco sentencias del TC no se pueden desautorizar así como así. Aquí estaba en juego la sensibilidad de un Estado.

-¿Qué le parece que el tribunal europeo haya condenado a España a indemnizar a la etarra con 30.000 euros?

-Es un ejemplo de prepotencia. Siete de los diecisiete jueces se mostraron en contra de esa indemnización porque (la etarra) está condenada por crímenes terroristas. No hay precedentes de indemnizaciones en casos de terrorismo. Si López Guerra dice «yo estoy en contra», no se dan esos 30.000 euros. Es propio de mentalidades que tienen que ganar por goleada. Me duele.

-¿Se ha resuelto demasiado pronto la excarcelación de Inés del Río?

-Yo creo que sí, hasta ha sorprendido fuera de España. Es la primera sentencia del Tribunal de Estrasburgo que se cumple en menos de 24 horas. Y más sin estar de acuerdo el país con el fallo. La sensación que se transmite a la ciudadanía es que cuanto más malo, mejor trato. Hemos dado la nota.