Febrero de 2011, el 5 a las 5, los españoles contra la tregua trampa La general y desmedida atención que –a parte de la debida por los funcionarios encargados de la prevención y persecución del crimen- prestan políticos y ‘comunicadores’ a cualquier ocurrencia de la banda terrorista ETA-Batasuna o como quiera que se denomine ese tinglado de nombres mutantes, nos obliga a opinar sobre su última argucia: ‘SORTU’ ¿salida?

Como en ocasiones anteriores parece una mera redistribución de efectivos, según la parábola de su pastor Arzallus sobre la especialización: un grupo de vareadores demasiado veteranos ya para esa tarea, pasan a desempeñar el tradicional cometido de recogedores de nueces.

Y ese “cambio”  interno ha suscitado el entusiasmo del habitual coro de necios, cuya colaboración mediática con las partes –ETA-Gobierno- es imprescindible para hacer tragar a los españoles la continuidad de los mandatarios de la banda en las instituciones, con las elecciones locales a la vista. Pues de esto se trata ahora, como siempre: de continuar y aumentar el ordeño de los presupuestos, de acogerse al amparo de las leyes que organizan la democracia sin renunciar a la continuidad de la extorsión, es decir, del núcleo de la banda que permanezca en la ilegalidad, y mucho menos a la historia criminal que legitima este supuesto happy end, mera continuidad.

La tolerancia del Gobierno con la presencia de ANV en más de cuarenta municipios contra el art. 61.2 de la Ley de Régimen local vigente es un poderoso indicio de cuál será su actitud con ‘SORTU’, y aún de que ha propiciado, si no pactado tal ‘salida’, como uno de los hitos del “Proceso” que ha de terminar sin vencedores ni vencidos, es decir, con la derrota del estado de derecho, de los ciudadanos, con las víctimas del terrorismo a la cabeza, aunque la espesa y agobiante propaganda pueda ayudar a muchos a ocultarse esa amarga verdad.

Dicen algunos que ahora compete a los magistrados dirimir sobre la aptitud del nuevo disfraz de ETA para colarse en la democracia, vista la ecuación o la relación de pertenencia o dependencia establecida por la jurisprudencia entre ETA y sus artefactos periféricos. No es muy tranquilizador.

En primer lugar, el Gobierno se ha reservado el monopolio de la acción judicial para depurar de marcas fraudulentas el Registro de partidos.

En segundo lugar, no conocemos la extensión de la nómina de togas enlodadas durante la primera fase del “Proceso”.

Lo que sí sabemos es que si no queremos que nuestra democracia sea una mascarada cruel, en la que los verdugos se burlen de las víctimas y de los demás ciudadanos desde las instituciones como si nada hubieran hecho, como si nada hubiera pasado, debemos exigir al Gobierno, sin miedo y sin esperanza, que cumpla con su deber de impedir el acceso al tráfico jurídico-político de la democracia a los asesinos, a sus cómplices, a sus mandatarios, a sus testaferros, a sus beneficiarios, a sus representantes, albaceas y causahabientes, ... a los mismos perros, aunque sea con el mismo collar.

Nuestra asociación, modestamente, como muchos otros españoles, exige la extinción de la banda terrorista ETA antes de permitir el acceso al Registro de partidos y la participación democrática de cualquier organización que continúe su proyecto político, aunque sea “por medios pacíficos”.