Terrorismo etarra
 AVT y Foro Ermua exigen al Gobierno la inmediata expulsión de ANV de los ayuntamientos regidos por el brazo político de ETA.-
La presencia de ANV en los ayuntamientos y del PCTV en el Parlamento Vasco ha provocado ya daños irreparables. El Gobierno es el único responsable de que la banda terrorista ETA tenga voz y voto en las instituciones democráticas del País Vasco. El Gobierno es el responsable por haberse negado a iniciar en su momento la ilegalización de los ‘brazos políticos’ de la banda terrorista.
 Por ello tiene,  si cabe,  una mayor obligación moral para adoptar todas las medidas a su alcance para actuar contra ETA y  sus instrumentos políticos  ANV y PCTV. 

 

Posponer la expulsión de ANV de los ayuntamientos hasta después de las elecciones autonómicas vascas, según pretende el Gobierno, supone supeditar la lucha antiterrorista y la aplicación de la ley a los intereses políticos de Rodríguez Zapatero. Esta actitud del ejecutivo, que viene a coincidir con un sospechoso acercamiento de presos terroristas a cárceles del País Vasco, con declaraciones de importantes representantes políticos del PSOE a favor de la negociación (p.ej. Eguiguren o Rodríguez Ibarra) y con los mismos rumores sobre divisiones en ETA que preceden a toda negociación, nos hace sospechar que se puede estar tratando de poner las bases para retomar la negociación con ETA en un futuro no demasiado lejano.

 La Ley de Bases del Régimen Local permite a través de su artículo 61 la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV [1].   El citado artículo autoriza la disolución de los ayuntamientos que den "cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares." Los ayuntamientos gobernados por ANV han llevado a cabo de manera reiterada actuaciones extremadamente graves que han supuesto un apoyo expreso o tácito al terrorismo y una humillación a las víctimas, por lo que su disolución es perfectamente legal. Entre otros ejemplos podemos citar:

 El propio Tribunal Supremo ha dejado sentado en Sentencia firme que "ANV es un partido político que ha acabado colaborando reiterada y gravemente con BATASUNA, complementando y apoyando políticamente, en consecuencia, a la organización terrorista ETA" (STS Sala art. 61. 22/09/2008).  

  Los Ayuntamientos gobernados por ANV se han negado de manera sistemática, coordinada y reiterada a condenar los atentados de ETA, lo que es ya de por sí un acto reiterado de apoyo indirecto a ETA y de humillación de las víctimas.

 En los municipios donde ANV ha obtenido representación se ha procedido a la apertura de una serie de cuentas bancarias para controlar de mejor manera el ingreso de fondos institucionales que pueda obtener por la representación obtenida. Posteriormente, todos los ingresos realizados en dichas cuentas deberían "centralizarse" en otras cuentas principales  (así lo afirma  la demanda interpuesta por la Fiscalía para la ilegalización de ANV) 

Todos los ayuntamientos gobernados por ANV en los que existen calles en homenaje a terroristas  se han negado sistemáticamente y a pesar de los requerimientos a modificar los nombres de las mismas. 

 Se ha creado un sistema de tesorería común o caja única entre ANV-PCTV-BATASUNA que sirve  de financiación a las tres formaciones, nutriéndose de ingresos públicos procedentes de subvenciones y demás recursos que se obtienen de las Administraciones Públicas  (así lo afirma  la demanda interpuesta por la Fiscalía para la ilegalización de ANV).

 En  la práctica totalidad de los municipios  gobernados por ANV se han constituido “comisiones de presos” o “comisiones de represaliados”, se han aprobado partidas para ayudar a presos de la banda terrorista (p.ej. Elorrio; 4.250 Euros anuales a cada preso terrorista),  se ha incluido en los programas de fiestas homenajes a los presos terroristas ,se ha subido el sueldo a los concejales para compensar la pérdida de ingresos que la disolución de los grupos municipales ha supuesto o se han aprobado mociones municipales plenamente coincidentes con el mensaje político enviado por ETA.

Todos estos actos son actuaciones graves y reiteradas de apoyo tácito o expreso al terrorismo y humillación a las víctimas, desarrolladas de manera coordinada en el ámbito municipal por los representantes de una organización declarada instrumento de ETA. Por tanto, es falso que con la actual Ley no se pueda expulsar de manera inmediata a ANV de los ayuntamientos. La negativa del Gobierno a aplicar el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local que permite la disolución de los ayuntamientos gobernados por el brazo político de ETA no puede justificarse en razones jurídicas, sino en intereses políticos. Tanto más cuanto que el Gobierno no tuvo miramiento alguno para saltarse la Ley precisamente para permitir que los tentáculos institucionales de ETA pudieran estar en las Instituciones. La estrecha interpretación de la norma que realiza el ejecutivo en esta ocasión contrasta con la flexibilidad infinita en la interpretación de la legalidad que ha acreditado durante toda la negociación con la banda terrorista.

 El Foro Ermua y la AVT ya hace tiempo que hemos solicitado formalmente la aplicación del citado artículo 61, habiendo llegado el Foro a presentar la petición formal al Consejo de Ministros. Exigimos  nuevamente  al Gobierno que  adopte las medidas oportunas para expulsar  de manera inmediata a los proetarras de los consistorios municipales y arrinconar social y económicamente a la banda terrorista ETA. Asimismo aprovechamos  la ocasión para dar nuestro apoyo expreso a la iniciativa del Grupo Popular  y a la de UPyD para que el Parlamento inste al Gobierno a la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV.

 Desde las asociaciones de víctimas y movimientos cívicos no queremos sólo buenas palabras, manifestaciones de dolor y repulsa o maniobras dilatorias. Exigimos medidas concretas, efectivas e inmediatas. Negarse a disolver los ayuntamientos gobernados por ANV supone permitir que continúe la financiación con dinero público de los asesinatos y de la actividad terrorista.


[1] El artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local dice:

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

 2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.