Estamos aquí para expresar nuestra solidaridad con las víctimas del atentado terrorista perpetrado ayer en Santoña, en el que los asesinos arrebataron la vida a don Luís Conde de la Cruz. Una vez más los asesinos se han expresado como sólo ellos saben hacerlo, y los demás españoles, los que no asesinamos para conseguir nuestros fines políticos, hemos de llorar por la muerte violenta de uno de los nuestros,

y lamentar las graves heridas de otro, las lesiones de varias personas y las destrucciones y daños colaterales.

¿Pero por qué consideramos necesario reunirnos un grupo de ciudadanos para expresar nuestra solidaridad y cercanía a estas nuevas víctimas del terrorismo, y renovarla con todas las anteriores?

Porque la ambigüedad calculada, el oportunismo de quienes tienen la responsabilidad de la lucha contra el terrorismo, no representa el anhelo cívico de derrotarlo sin renunciar a la ley, y su grosera utilización política ofende a las víctimas y les hurta la memoria, la dignidad y la justicia a que son acreedoras.

Tenemos que ser los ciudadanos quienes reivindiquemos la memoria de las víctimas recientes del terrorismo que amenaza hoy nuestra democracia, porque nuestro gobierno está muy ocupado enterrando esa memoria -y otras realidades presentes- mediante el obsceno método de desenterrar algunas de las víctimas de una contienda civil de ayer.

Tenemos que ser los ciudadanos quienes proclamemos la dignidad de las víctimas del terrorismo, porque nuestro gobierno las ha denigrado

- otorgando a sus verdugos la condición de interlocutores,

- reconociéndoles estatus internacional en el Parlamento Europeo

- contribuyendo a su ocupación de los ayuntamientos, Diputaciones y Parlamento regional

- y porque aún hoy sigue negándose a derogar la resolución parlamentaria origen de ese inconcebible cúmulo de errores.

Tenemos que ser los ciudadanos quienes exijamos justicia para las víctimas, porque nuestro gobierno ha demostrado que es capaz de acomodar la ley a sus torpes intentos, metiendo o sacando a los terroristas de la cárcel en función de criterios ajenos al derecho, e incluso evitando detenciones ordenadas judicialmente mediante llamadas telefónicas que no hay tiempo de investigar porque la justicia está ocupada con la "memoria histórica"

Por todo eso, somos los ciudadanos quienes tenemos que mostrar la verdadera solidaridad con las víctimas; quienes tenemos que decirles que nos sentimos junto a ellos, como ellos; que les tenemos presentes, que respetamos y reivindicamos su memoria, que reconocemos su dignidad y que exigimos la justicia irrenunciable, para ellas y por una sociedad que aspire a ser libre.

Que nunca, nunca admitiremos ni transigiremos con otorgar nada como premio o como consecuencia de los crímenes de que han sido víctimas, que no sea la recta aplicación de la ley.

Que si, para los asesinos no son más que objetos cuya destrucción aumenta sus posibilidades negociadoras -ante un gobierno capaz de jugar ese juego infame-, para nosotros serán siempre conciudadanos cuya memoria, dignidad y justicia nos interpelan mientras no sean satisfechas como condición de nuestra propia dignidad de ciudadanos.