Libertad de idioma

 Bajo este título publica La Voz de Galicia el 15 este mes la noticia de la resolución por el Tribunal citado de una queja de un ciudadano por no haber sido notificado en gallego de otra resolución judicial (tenemos una duda morbosa que la prensa no aclara: en cuál de las dos variedades de nuestro ramillete lingüístico -ese que nos hace tan ricos, según los textos canónicos- se notificó al interesado la resolución de la queja contra el español de la primera resolución)

El título se presta a sugestivos juegos de palabras. Lo más obvio que se nos ocurre es que, efectivamente, en Justicia no puede ser obligatorio el uso de ningún idioma. Consecuentemente, la obligatoriedad del uso del gallego, bajo el impulso de la bota normalizadora, sólo es posible en la injusticia.

 

Dice la prensa citada, entre otras cosas que según el Tribunal Superior se empleará el gallego «si le es posible a la Administración»
En la respuesta a tal queja, emitida el 29 de mayo del 2006, el magistrado juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, consideraba que «las resoluciones judiciales se pueden redactar en cualquiera de las dos lenguas oficiales en este territorio, puesto que el uso del gallego o castellano no es sino un derecho para magistrados, secretarios judiciales, fiscales y demás funcionarios de juzgados y tribunales».
...cualquier ciudadano puede exigir que se le notifiquen las resoluciones en la lengua propia de la comunidad autónoma, «adaptándose», eso sí, «a las posibilidades de la Administración». Así las cosas, una vez recibida la solicitud del denunciante, se dieron instrucciones al Servicio de Notificaciones para que se emitiese la notificación en gallego y, si fuera necesario, al servicio de traducción del Tribunal Superior de Xustiza.


La queja del ciudadano ha sido puesta en conocimiento de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ha acordado no estimar la queja, por entender que se aplicó el derecho vigente.

Este acuerdo de la sala de gobierno ha sido recurrido en alzada por el ciudadano ante el Consejo General del Poder Judicial. ...
La polémica del uso del gallego en la Justicia fue tratada por la Xunta el pasado mes de julio, cuando el Gobierno autónomo pidió sancionar a los funcionarios de Justicia que no utilicen el gallego.
Esta orden se dio días después de que las distintas asociaciones de jueces y fiscales dejasen en evidencia que el uso del gallego en su campo profesional era «minoritario» o «casi anecdótico».

Así las cosas, el secretario xeral de Relacións Institucionais remitió en el mes de julio una carta al Gobierno central en la que le invitó a intervenir en el problema para evitar que persista el incumplimiento de la ley en lo relativo a la utilización del gallego en las Administraciones públicas y en particular en las dependencias que atienden y se dirigen al ciudadano, para así mejorar y acercar la prestación del servicio. En caso de que el Estatuto de Autonomía de Galicia establezca el deber de conocer la lengua gallega en toda la Administración pública, incluido el ámbito judicial, parece evidente que se hará en contra de la opinión de buena parte de los profesionales de la Justicia, con los magistrados y los fiscales a la cabeza.

Varias asociaciones profesionales coincidieron en rechazar que el gallego se convierta en una obligación para desempeñar sus carreras. Así, el presidente de la Asociación de Fiscales, Guillermo García-Panasco, un andaluz que ejerce en las islas Canarias, defiende este punto de manera contundente, incluso con varias alusiones al Estatuto catalán.

En su opinión, colocar el idioma como un «auténtico requisito» lo único que haría es romper «el régimen jurídico unitario» del Estado y no contribuiría a resolver los problemas de vacantes en la judicatura.

En similares términos se expresaron también el magistrado decano de los juzgados de Ourense, Antonio Piña; el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Manuel Almenar; y José Antonio Ballestero, magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.