Libertad de idioma

Así refleja la noticia El Ideal Gallego el 15/12/07: [Y en este enlace, el comunicado de AGLI y Coruña liberal]

Acusan al juez decano de discriminar el uso del gallego en las salas coruñesas
La CIG remitió esta semana al Consejo General del Poder Judicial dos denuncias relativas a dos casos de discriminación por el uso del gallego en los juzgados coruñeses. Una de esas dos supuestas infracciones tiene como protagonista a Antonio Fraga Mandián, el juez decano.

El sindicato, arropado por la Mesa pola Normalización Lingüística, hizo públicas ayer las dos denuncias por quebrantamiento de los derechos lingüísticos, que fueron remitidas el pasado lunes al Poder Judicial y que, a ojos de la CIG, suponen dos nuevos casos de discriminación por parte de los órganos judiciales coruñeses.

Los dos incidentes hacen referencia al comportamiento de dos magistrados -Fraga Mandián en un caso, y el titular de la sala de lo social número 3, Manuel García Carballo, en otro- en relación con el uso del gallego durante la celebración de juicios orales.

El primero de los casos destapados se refiere a la actuación del magistrado de Social 3, en relación con la comparecencia a una vista de Paulo Carril, secretario comarcal del sindicato. Según informó ayer la CIG, el juez amenazó con suspender la vista por el empleo del idioma del gallego, y llegó a proferir descalificaciones contra los hablantes de esta lengua, con sentencias del tipo "Me tienen harto con el tema del gallego... ¿Y los derechos de los que hablamos castellano? Si quiere me denuncia, que ya sabe usted el camino que tiene que seguir".

Injurias > Igual de graves es -a criterio del organismo- el caso del juez decano, denunciado por el secretario comarcal de la federación de ensino de la CIG, Eduardo Álvarez, quien previa a la denuncia remitió una queja por escrito en relación con el incumplimiento, por parte de la Administración de Justicia, del derecho a ser notificado en lengua gallega, y por el uso ilegal de la forma oficial del topónimo de la ciudad.

Tal como sostienen las entidades denunciantes, Fraga Mandián negó a Álvarez sus derechos y atribuyó el uso del topónimo a un "error ortográfico". Posteriormente, el magistrado denunció a Eduardo Álvarez por injurias, después de que éste hiciese público en los medios de comunicación este caso de injusticia lingüística.