Libertad de idioma
MADRID.- La Xunta de Galicia está amenazando con expedientar a profesores por escribir en castellano la programación de sus asignaturas, según publica EL MUNDO. En cursos anteriores, la Consejería de Educación permitía que el resumen de contenidos se elaborara indistintamente en esa lengua o en gallego. El Mundo

Las hipotecas nacionalistas de Zapatero [Editorial de El Mundo, 29/12/06 -requiere suscripción- ]

Zapatero siempre ha confiado en que podría manejar a sus socios nacionalistas y lograr su apoyo hasta el final de la legislatura a cambio de concesiones más retóricas que reales. Pero la estrategia le está saliendo rematadamente mal a juzgar por la escalada de reivindicaciones que parten de Cataluña y Galicia, las dos comunidades en las que gobierna con partidos nacionalistas de signo radical como son ERC y BNG.

Nuestro periódico informaba ayer de la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Montilla contra un decreto del Ministerio de Educación que aumenta el número de horas de enseñanza del castellano en Cataluña. EL MUNDO publica hoy que la Xunta de Galicia amenaza con expedientar a los profesores que escriban en castellano a partir del próximo curso la programación de su asignatura.

La Xunta se ampara en un lamentable decreto aprobado por Manuel Fraga en 1997 en el que se establecía que «las actuaciones administrativas de régimen interno de los centros docentes se redactarán con carácter general en gallego».

Como la norma habla del «carácter general» del gallego, se había interpretado hasta ahora que cabían las excepciones, o sea, que se podía emplear el castellano. Pero la consejera de Educación del Gobierno que preside el socialista Emilio Pérez Touriño ha decidido cambiar la interpretación y pretende obligar a todos los docentes a expresarse en gallego bajo amenaza de suspensión de empleo o de traslado.

Lo que está sucediendo en estas dos comunidades no es una casualidad ni es el fruto de una enajenación pasajera. Es el comienzo de una larga serie de conflictos y exigencias que no han hecho más que comenzar. Ayer mismo, Montilla y los partidos nacionalistas catalanes demandaban a Zapatero que cumpla su compromiso de aplicar el nuevo sistema de financiación autonómica en 2008, invocando lo pactado en el Estatuto frente al criterio dilatorio de Solbes. Pero detrás vienen las reivindicaciones de la puesta en marcha de las comisiones bilaterales, de la gestión del aeropuerto de El Prat, de la delimitación de competencias, de la creación de la futura Agencia Tributaria, de las funciones del Tribunal Superior de Cataluña y de la reforma de 30 leyes estatales que hay que adaptar al Estatuto.

Hipoteca tras hipoteca, el dilema que se le va a plantear a Zapatero en su último año de legislatura es si está dispuesto a ceder a este permanente chantaje al que le van a someter los nacionalistas u opta por los principios de cohesión y solidaridad que siempre ha mantenido el PSOE y que le han proporcionado un amplio respaldo electoral en las comunidades donde no existe ese nacionalismo. Pues claro, para ello, tendrá que incumplir lo pactado e incluso lo legislado.

Zapatero está atrapado en este dilema porque no puede contentar a todo el mundo. Cada vez le será más difícil preservar el equilibrio entre un nacionalismo insaciable y la defensa de los intereses generales del Estado. Lo que estamos viendo estos días es la aceleración de la dinámica que él mismo ha creado al apoyar el Estatuto catalán y al alentar las desorbitadas exigencias de sus socios nacionalistas.