Los esbirros de la normalización ladran y están obteniendo todos sus objetivos sin dar un sólo mordisco. Algunos ya sabemos que no tienen dientes, y nos reímos de sus bravatas, pero con la amargura de saber que no somos suficientes frente a las masas que se les rinden sin apenas resistencia -o con una resistencia individual, que entraña un gran coste psicológico, pero escasa eficacia desde el punto de vista de la defensa cívica de la libertad-
Es necesario desenmascarar el fantoche huero de la normalización antes de que engorde hasta el punto de tomar consistencia e irreversibilidad.
Fue un niño el que dijo que el duque del cuento iba desnudo. Es una experiencia apasionante: la oportunidad de ser un héroe sin un coste comparable. Desde esta página llamamos sin rebozo ni sordina, a la rebelión cívica. Antes de que la 'educación para la ciudadanía' cree loritos que crean que la ‘normalización lingüística’ es un imperativo ético y no el oprobio de una claudicación general ante una cara del totalitarismo.

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Un miembro de Coruña Liberal nos ha llamado la atención sobre una carta publicada en la Voz de Galicia el 06 de diciembre por D. Gonzalo González García, de Vigo, en la que informaba de que el Decreto 247/95 en cuya aplicación los esbirros lingüísticos de la Consejería de Educación han llevado a cabo una campaña de amenazas y extorsión a los profesores que habían presentado la programación de su asignatura en español, había sido modificado como consecuencia de la sentencia 131/96 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recaída en recurso contencioso administrativo interpuesto por AGLI (Asociación Gallega por la Libertad de Idioma)

En efecto, AGLI impugnó el Decreto 247/95, y, como consecuencia de ello el Tribunal Superior de Justicia declaró nulo su art. 1º, párrafos 1, 2 y 3.

A continuación se puede leer, primero, el apartado de la sentencia que declara esa nulidad y seguidamente el artículo anulado y sanado con tres palabras mágicas:

Sentencia 131/96 del Tribunal Superior de justicia, recaída en La Coruña, a veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y seis, en el proceso contencioso-administrativo que con el número 01/1663/95, (ley 62 /78 de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona), interpuesto por Asociación Gallega para la Libertad de Idioma, …

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QUINTO.- El primer artículo impugnado es el 1º Puntos 1.2.3 en cuanto impone exclusivamente la lengua gal1ega en las relaciones mutuas e internas de las Administraciones Territoriales y Locales.

La inconstitucionalidad del precepto en relación con el artículo 14 de la Constitución resulta manifiesta al determinar una patente desigualdad frente al uso del idioma castellano que absolutamente se posterga en todas las relaciones, anuncios y comunicaciones con la única salvedad de las actuaciones que se realicen a solicitud de persona interesada y para el caso de que ésta la pida. Ello también supone una vulneración de lo dispuesto en el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia y art. 4.2 de Ley 3/1983, de 15 de Junio, de normalización lingüística, que en coherencia con el precepto constitucional citado vienen a establecer la cooficialidad de ambas lenguas en consideración a las dos comunidades lingüísticas.

Tales prescripciones no pueden encontrar fundamento en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo pues aquellas actuaciones, de carácter meramente administrativo, quedan fuera del marco de la enseñanza que es precisamente lo que trata de regular el Decreto cuestionado. No existe, por tanto, razón para la inexistencia de la cooficialidad de los dos idiomas en lo concerniente a la propia administración cuyas bases de régimen jurídico compete al Estado a tenor del artículo 149.1.18ª de la Constitución. E1 propio artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Galicia señala en su apartado 2 que “Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos”, añadiendo el 3 que “Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas”.

En el mismo sentido el artículo 4. 1 de la Ley 3/1983, de 15-6, de normalización lingüística, prescribe que el castellano también es, con el gallego, lengua oficial de las instituciones de la Comunidad Autónoma. Y cuando su artículo 2 señala que los poderes públicos de Galicia, garantizarán el uso normal del gallego, añade también “del castellano”, ambas lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.

La determinación, por tanto, de que solo sea, el idioma gallego el utilizado dentro de la Administración educativa supone una patente discriminación respecto al castellano, de modo que cualquier ciudadano español, fuere o no de Galicia, desconocedor del idioma gallego que no tiene el deber legal de conocer (S.T.C. nº 84/1986, de 26-6), quedaría absolutamente discriminado y en situación de inferioridad frente a todos los textos, comunicaciones, impresos y anuncios redactados en idioma gallego, que según el Decreto impugnado será el exclusivamente utilizado en todas las actuaciones de la administración educativa con la única limitada excepción señalada. Ello supondría una clara discriminación que proscribe también el art. 1.3 de la L.N.L.
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Como se ha dicho, el Decreto en ese extremo ha extralimitado la materia a regular, y los propios argumentos de la contestación en ese punto se centran en la enseñanza que es precisamente a lo que no se refiere el artículo 1º. Es significativo que, siguiendo el principio de igualdad, el propio articulo 5 de la Ley de Normalización determina ya la publicación en gallego y castellano de todas las Leyes, Decretos y demás resoluciones de la Administración Pública gallega.

Razones por las que procede decretar la nulidad de dicho artículo en sus apartados 1, 2 y 3.

La Junta de Galicia procedió a “acatar” la sentencia mediante el fraude siguiente:

[Mediante el Decreto 66/97] Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del artículo 1 del Decreto 247/1995, de 14 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 03/1983, de normalización lingüística (LNL), quedando con la siguiente redacción [destacadas las tres palabras mágicas, con virtud, supuestamente, para sanar tanto mal]:

CAPITULO I
El gallego, lengua oficial de la Administración educativa en Galicia
Artículo 1.

1- La Administración educativa de Galicia y sus centros de enseñanza utilizarán, con carácter general, la lengua gallega y fomentarán su uso tanto en sus relaciones mutuas e internas como en las que mantengan con las administraciones territoriales y locales gallegas y con las demás entidades públicas y privadas de Galicia.

2- Los documentos administrativos de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, de sus delegaciones y de los centros de enseñanza dependientes de ella se redactarán, con carácter general, en gallego, y en ellos constará el nombre del centro y del topónimo del municipio o entidad de población en su forma oficial.

3- Las actuaciones administrativas de régimen interno de los centros docentes, tales como actas, comunicados y anuncios, se redactarán, con carácter general, en gallego. También se redactarán en gallego las actuaciones administrativas que se realicen a solicitud de persona interesada, excepto en los casos en que ésta pida que se hagan en castellano.
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No es un acatamiento, sino una burla.

    En primer lugar, el Decreto 66/97 es una norma vergonzante, que oculta su causa, su origen: carece de exposición de motivos. Compárese con la verborrea nacionalista que precede al Decreto 247/95. Quien estudie este Decreto en su redacción actual y lo contraste con su antecedente, no sabrá a qué obedece ese anodino “con carácter general”, ni apreciará diferencia substancial entre las dos versiones.

    Porque una administración tramposa oculta una información clave: los motivos de la modificación están en la sentencia. Es habitual, y hasta preceptivo, que una modificación reglamentaria inducida o determinada por una sentencia anulatoria, incluya, como antecedente o explicación, los términos de esa sentencia, que son lo que justifica o explica la reforma que se acomete.

    Pero si se hubiese hecho así en este caso, la incongruencia sería palmaria. La Junta no ha acatado la sentencia: simplemente se ha burlado del poder judicial y del demandante -AGLI-, del ordenamiento constitucional y estatutario, y de la propia LNL; y, en definitiva, de una sociedad que probablemente se lo merezca.

Pero, los motivos (incluso ocultos) forman parte de la reforma: el nuevo Decreto castrado, no puede interpretarse ni aplicarse al margen de la sentencia del Poder judicial del que es hijo, aunque su  madre, la Junta, titular de la potestad reglamentaria, pretenda obscurecer los rasgos de esa paternidad.

Ante la evidencia de que ambas redacciones dicen lo mismo, nos advierte Gonzalo González García en la carta mencionada que es evidente que ambas redacciones no pueden decir lo mismo, porque en ese supuesto la segunda sería también contraria a derecho. La primera tiene un carácter universal, pero es bien conocido que el tecnicismo ‘con carácter general’ admite la posibilidad de excepciones. Un razonamiento impecable.

Pero tampoco nos conformamos con esta interpretación-ghetto, que seguiría siendo manifiestamente inconstitucional e ilegal, y profundamente inmoral. Porque a la vista de la sentencia, como sabíamos antes de tenerla presente, ninguna norma emanada de un poder público español puede reducir el uso del español a una mera excepción. Porque lo excepcional en el Estado de derecho tiende a la desaparición, como esos apéndices vestigio de las patitas que poseyeron algunas especies reptiles en fases muy remotas de su evolución.

Nosotros no aspiramos a ser una excepción, ni una minoría. Aspiramos a que los esbirros del poder nos dejen en paz, y no se inmiscuyan en aspecto alguno en que la restricción de la libertad individual no tenga una justificación suficiente. (Por ejemplo, que te obliguen a circular por la derecha en carretera: evita tu muerte y la de otros). Y no reconocemos como justificación suficientes para el sacrificio de nuestra libertad, ninguna de las ensoñaciones místicas identitarias tardo-románticas que alimentan y envenenan toda la grotesca construcción normalizadora.

Lo ‘educativo’ y lo ‘administrativo’

En nuestro artículo sobre la programación docente en la neolengua: autoayuda, ya manifestamos muy serias dudas -desde luego, suficientes para enervar cualquier torpe tentativa disciplinaria por parte de los esbirros- sobre el supuesto carácter de ‘documento administrativo’ de esa programación.

En su carta a la Consejera de Educación, el grupo de docentes que protestan contra este acoso, dan argumentos propios que deberían desvanecer toda duda.

Pero, además, esta sentencia es muy clara en este punto, y no lo dice una vez sola, sino que insiste en que el Decreto en ese extremo ha extralimitado la materia a regular, y los propios argumentos de la contestación en ese punto se centran en la enseñanza que es precisamente a lo que no se refiere el artículo 1º.

Articulo publicado en http://www.estatutogalicia.info/ 

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