No hace tanto, nos hubiera parecido inverosímil, pero ya ha sucedido: una de las covachuelas burocráticas horadada en ese entramado espongiforme bovino que es la administración regional gallega, ha devuelto a un proveedor una factura emitida en español, condicionando el pago a que se emita en la neolengua, con el consiguiente retraso, además de con la consiguiente tentativa de humillación vengativa, típicamente nacionalista (es decir: melancólica, o justificada en un Agravio inexistente, y, por eso, imprescriptible)
Humillación intencional, sí, porque, aunque no hay precedentes conocidos de lo contrario -factura protestada por la administración regional por estar emitida en la neolengua- podríamos oír los alaridos de indignación si fuésemos capaces de imaginar semejante hipótesis.

Cabe suponer que el proveedor acabe por humillarse ante esta chulería senderoluminosista, o senderolusista, porque no creemos que la sociedad mercantil de titularidad de la Junta, denominada "Galicia calidade" que es el gallito de esta historieta, actuase de igual forma ante una factura emitida en cualquier otra lengua inteligible, como, por ejemplo, el portugués. A fin de cuentas formamos parte del mismo país horario pese al secuestro en el adelanto, perpetrado por España -un adelanto que aún reducido después de la adhesión a la UE, sigue siendo de años, y no sólo de una hora-.

Si el empresario humillado optase por defender su dignidad, y, de paso, la de todos, creemos que el Código penal español, que aún rige en casi todo el antiguo territorio del Reino de España, proporciona un sólido fundamento:

Artículo 542.[Impedir el ejercicio de otros derechos cívicos]
Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

Otra posibilidad podría ser la denuncia por estafa, ya que la condición impuesta es rigurosamente inexigible. El art. 3º de la malhadada ley de normalización lingüística establce que

Los poderes públicos de Galicia adoptarán las medidas oportunas para que nadie sea discriminado por razón de lengua.
Los ciudadanos podrán dirigirse a los jueces y tribunales para obtener la protección judicial del derecho a emplear su lengua.

Desgraciadamente es poco probable que lo haga, porque la administración posee una enorme capacidad de chantaje, aunque también sea enormemente sobrestimada; por ejemplo, por nuestros docentes amenazados de expediente por las programaciones en español.

Pero, en el caso de nuestro empresario, la resistencia cívica y la defensa jurídica no sólo implicaría el aplazamiento sine die, del pago de esa factura, lo que sería un inconveniente soportable, hasta su pago con costas e intereses, sino, lo que es peor, la exclusión de toda contratación con esa administración. Y no están las empresas para perder clientes, arbitrarios, sí, pero también manirrotos.

Esto me recuerda una escena vivida hace años: se trataba del eslogan de una pancarta para una manifestación de todos los docentes de España en Madrid. Preguntamos a los presentes si estaban de acuerdo con el lema en cuestión. Una, sin mirarlo, sin conocer su contenido, dijo ’se vai en galego, sí’. Es un criterio económico tan válido como otro cualquiera de los que suelen manejar estos individuos: ahorra todo esfuerzo mental. Del mismo modo la factura, ’se vai en galego, sí‘. Si se corresponde con el servicio, suministro o precio pactados es cuestión de importancia secundaria.

Este chusco incidente nos da ocasión para avanzar la exposición de la única posibilidad de coexistencia pacífica en materia lingüística en Galicia, que, naturalmente, se aleja por completo de la proyectada obligatoriedad estatutaria de la neolengua. Obligatoriedad declarada inconstitucional por el Tribunal competente respecto de la ‘ley de normalización’ de 1983, lo que no arredra a los de siempre de amenazarnos de nuevo con ella.

Utilizaremos el símil de un sistema monetario con dos unidades de cuenta. Para que no haya distorsión alguna, ambas unidades deben ser perfectamente equivalentes. Se dirá que entonces, sobra una. Es cierto. Pero en ese país imaginario hay dos minorías que se identifican con una de las dos unidades de cuenta o monedas diferentes, frente a una mayoría de ciudadanos sensatos que pretenden comerciar libremente con ambas, o que, aún prefiriendo una de las dos para sus pagos, no se les ocurre rechazar los que se les hacen en la otra.

En un sistema tal no cabe más solución justa que la equivalencia legal entre ambas, de modo que se penalice cualquier discriminación o entorpecimiento del tráfico mercantil por razón del uso de una u otra moneda de las dos declaradas oficiales, pues la mayoría de ciudadanos sensatos no puede ser víctima de ninguna minoría caprichosa. El argumento de una de esas dos minorías de que, si no se impone el uso exclusivo de su moneda, ésta desaparecerá del mercado -una especie de ley de Gresham inversa- es una estupidez, una falsedad demostrada, y, en último término, una justificación completamente insuficiente para amolar a la mayoría: en cualquier caso, será responsabilidad suya que desaparezca, y no podrán culpar a nadie, como hacen constantemente.

Con esta fábula económica, estoy intentando aludir al único estatuto razonable para el llamado problema lingüístico, creado o exacerbado al mismo tiempo que nuestra linguocrática burocracia autonómica.

Hemos meditado largamente sobre ese ‘problema’, y sólo la más absoluta libertad e igualdad de las dos lenguas oficiales, sin más normativa lingüística ni intervención pública que la que derive de la estricta prohibición de toda discriminación por razón de lengua -además de las inevitables medidas transitorias para desmontar el régimen linguocrático hipertrofiado con la necia excusa de la normalización, así como el destino humanitario de la populosa nómina de esbirros puestos a su servicio, y del inmenso ahorro presupuestario consiguiente- .

Ello entraña un cierto sacrificio para cada una de las dos minorías: en concreto, la minoría que pretende imponer el uso exclusivo y excluyente de la neolengua, habrá de conformarse con su uso activo, pero habrá de soportar que sus interlocutores, públicos o privados, usen la lengua que tengan por conveniente, pues no existe, ni puede existir en modo alguno el derecho a que el otro use la lengua que yo quiera, siempre que use una de las dos oficiales: el derecho de elección de lengua de uso, entre las dos cooficiales, es del emisor, no del receptor.

Ningún organismo podrá decretar como oficial una sola lengua. La lengua de uso será la que tenga por conveniente el individuo encargado en cada caso. Ningún destinatario podrá pretender ignorar lo que se le notifique en cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Por supuesto, este pacífico e inteligente régimen lingüístico -mínimo o, casi, inexistente- es posible en Galicia, debido a la enorme similitud de las dos lenguas en cuestión. Deberán detenerse los esfuerzos de los muñidores de la neolengua por eliminar esa similitud que nos ha legado la Historia, o, al menos, conservarán validez normativa las formas comunes que dicha Historia registra -como ‘gracias’, ’servicio’, ‘Galicia’- sin perjuicio del derecho a hacer el ridículo de los que opten por exotismos, idiotismo o novedades más o menos atrevidas, a su cuenta.

Artículo publicado el 09 de diciembre de 2006 en http://www.estatutogalicia.info/