Las asociaciones cívicas AGLI (para la defensa de la libertad de idioma) y Coruña Liberal (para la defensa de la libertad) han unido sus esfuerzos para responder a la petición de ayuda, a veces angustiosa, de numerosos profesionales de la enseñanza, ante el creciente acoso de que vienen siendo víctimas por parte de las nuevas autoridades, y de sus correas de transmisión sociales.

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La pinza que se está ejerciendo sobre estos funcionarios y trabajadores está compuesta por dos palancas;

1ª, la inspección de educación, que siguiendo las nuevas directrices políticas, concentra todos sus esfuerzos en la 'normalización' forzosa, con abandono de cualquier otra preocupación por la calidad del servicio público de educación;

2ª. las organizaciones sociales que profesan como ideología el totalitarismo lingüístico, entendido como la sumisión de toda manifestación pública al criterio de que ha de expresarse exclusivamente en lengua gallega o en el constructo o sucedáneo burocrático que se ha estado creando durante todos estos años para suplantarla, y, en todo caso, para erradicar al español, que quedaría relegado así a la intimidad o al uso privado, lejos del control burocrático o incluso del control social de los adeptos a esta extraña cruzada, siguiendo los modelos catalán y vasco que produjeron el exilio de miles de docentes.

Ambas palancas giran sobre un punto de apoyo jurídico inconsistente: la Ley de normalización lingüística y sus desarrollos reglamentarios.

Decimos que es inconsistente porque, aunque el concepto de normalización contiene en sí el germen de cualquier totalitarismo -en cuanto la elite política decide quien es normal y quien no, y se aplica, con el poder del Estado, a 'normalizar' a los declarados anormales- las garantías del estado de derecho establecidas en nuestra Constitución, han impedido, hasta el momento, que los normalizadores hayan podido extraer las consecuencias más perversas de tan aberrante concepto.

En consecuencia, aunque ideal o ideológicamente, en el proyecto normalizador, sí cabe cualquier aberración jurídica, no caben, sin embargo, de momento, en el ordenamiento positivo, gracias a las garantías constitucionales y legales aún vigentes.

Los profesionales que se vean amenazados por los inspectores de educación, reducidos, al parecer, a inspectores de normalización, están amparados por la ley; no importa cuantas intimidaciones y cuantas claudicaciones se hayan producido ya.

Hasta ahora, el mecanismo de la imposición era activado por la autodenominada 'Mesa pola normalización lingüística' que excitaba el celo administrativo, y demandaba en juicio que se expedientase a los inspectores renuentes. Sobre este modelo normalizador han recaído dos acontecimientos de signo contrario:

  1. en primer lugar, el relevo político que ha transmutado la desidia en celo normalizador, lo que hace innecesaria esa labor de la Mesa como chivato

  2. en segundo lugar, la sentencia, ampliamente comentada, que desapodera a la Mesa de unas atribuciones que ya no necesita , pues ha sido suplida con ventaja por las nuevas autoridades, que han convertido a toda la Administración en una gigantesca e incansable Mesa: la Mesa total. El sueño de todo totalitario, el control del Estado para imponer su capricho.

Pero, en realidad, las nuevas autoridades sólo tienen el control del ejecutivo, y una mayoría exigua en el legislativo regional, que, por otra parte, no puede derogar las garantías constitucionales. En este sentido y respecto de esta cuestión, la Administración normalizadora está funcionando como una organización ilegal, pues la misma deslegitimación que la Justicia sentenció para la Mesa, es predicable de cualquier otro ente que no sea el titular de los derechos lingüísticos. Y parece que sólo es titular de derechos lingüísticos la persona física dotada del apéndice capaz de articular el habla, o, por extensión suya, la corporación de varias personas físicas en que sea visible esa titularidad de derechos lingüísticos, que se agrupen, en todo caso, para defender derechos propios, y no , como la malhadada Mesa, para perseguir los ajenos.

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¿Qué hacer ahora, cuando el entusiasmo de la Mesa ha pasado a la Administración?

El profesional que se vea inquietado en su libertad y en su dignidad, se enfrenta a un expediente disciplinario por infracción del deber de obediencia.

La construcción de este expediente presenta algunas dificultades para el normalizador. Explicaremos seguidamente su mecanismo según los informes y quejas que nos están llegando:

En primer lugar, el inspector convoca una reunión en el centro, y, un poco en función de su personalidad, adopta una actitud paternalista "no se metan uds. en líos; no vale la pena; total, qué más les da; piensen en sus hijos, ... " (me abstendré ahora de calificativos morales) o, directamente, una autoritaria: "las programaciones en gallego en tal fecha; de lo contrario, inicio las diligencias para el expediente disciplinario"

El paternalista, si hay algún irreductible, acaba en la actitud autoritaria.

Por tanto, debemos analizar brevemente el mecanismo y el fundamento del método coactivo, que es la verdadera esencia de la normalización, ya que el que cede al argumento paternalista, lo hace, salvo entusiasmo de converso, para evitar las consecuencias.

Transcurrido el ultimátum sin efecto, el inspector, muy a su pesar, "inicia las diligencias" es decir: formula un escrito de acusación ante el delegado provincial contra el renuente.

El delegado provincial, a la vista de ese escrito de acusación o denuncia, decide -no tenemos constancia de que lo haya decidido ya, en algún caso, pero es de suponer que lo hará en función de la conspiración de que forma parte- decide, decíamos, iniciar el expediente, a cuyo efecto, firma una resolución que se notifica al denunciado, indicándole los motivos. Este es un tema crucial, sobre el que volveremos.

En ese escrito se le da un plazo, generalmente de diez días, para que el denunciado alegue lo que tenga por conveniente en su descargo y se le comunica el nombramiento de un instructor, que será un funcionario administrativo, generalmente dócil al poder.

El instructor, a la vista de las alegaciones, hará una propuesta, generalmente de sanción. Ya veremos su posible alcance. Comunica la propuesta al denunciado, que vuelve a disponer de un plazo de diez días hábiles para alegar lo que crea conveniente. A la vista de estas nuevas alegaciones, en su caso, o transcurrido el plazo sin que se produzcan -ya que el denunciado puede 'pasar' del asunto- el instructor eleva la propuesta al delegado. La propuesta puede ser de archivo o sobreseimiento -no es habitual- o de sanción [b) Suspensión de funciones, teóricamente, hasta un máximo de tres años, o c) Traslado con cambio de residencia. Esto asusta mucho, pero, claro, hay que situarlo en su contexto. Porque, si por hacer las mayores barrabasadas, no les pasa gran cosa a los funcionarios, como nos informa copiosamente la jurisprudencia, en el peor de los casos, que nosotros sostenemos que, por este motivo, no puede llegar a producirse, el asunto habría de reducirse a unas muy cortas vacaciones no remuneradas. Lo que, insisto, juzgamos imposible, porque el instructor y toda la cadena, también están sujetos a las leyes, y a leyes de mayor rango que el reglamento de los documentos en gallego: al Código penal, por ejemplo, como se verá].

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Ahora bien: todo ese mecanismo no funciona sin un cierto contenido: ¿cuál es la infracción?

El profesional que ha hecho su programación como siempre, no tiene conciencia de haber hecho otra cosa que no plegarse al capricho del inspector.

En efecto: el único cargo que puede sustentar ese expediente es el de faltar a la obediencia debida (art. 4,1 del reglamento disciplinario: Son faltas graves: a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.)

La primera cuestión que surge ante esta tipificación es si un profesional está obligado al capricho normalizador, concretado en ese extremo.

Obviamente, nosotros defendemos que no lo está.

En un sistema democrático, en un Estado de derecho, las restricciones de la libertad son las imprescindibles para la conservación del orden social y el respeto de los derechos de todos. Y, detrás de ese capricho, no se cobija más derecho que el de la Mesa, desautorizada por los tribunales en su rijosa exigencia.

Nosotros somos ciudadanos respetuosos de la ley, aunque no creemos que cualquier basura se convierta en ley por el mero hecho de que unos legisladores enajenados le presten esa apariencia. En los procesos de Nüremberg, la defensa pretendió justificar las conductas de los acusados con la ley. Y, en efecto, actuaron en cumplimiento de las leyes de normalización (por ejemplo, había una que era de 'arianización' de la economía. El legislador nacionalsocialista consideró que no era normal que los judíos fuesen dueños de negocios, tiendas, acciones, ... y decidió normalizar la situación) Por supuesto, aunque el concepto es, en esencia, el mismo, estamos a una distancia enorme, aunque no insalvable, de aquella situación, debido a que aún disponemos de una Constitución democrática que nos ampara, y a que el poder regional aún no controla al poder judicial, que conserva bastante de su independencia, y puede mandar a la cárcel a cualquiera que se haga acreedor a ello.

En primer lugar, el profesional que se vea inquietado en su libertad y en su dignidad como consecuencia de la política que estamos denunciando, debe exigir al inspector, con firmeza y serenidad, que le notifique por escrito la orden o requerimiento, ya sea de presentar la programación en la neolengua, ya de traducirla a ella, y esperar tranquilamente a recibir la notificación, si es que ya el inspector no lo escribe y entrega en el acto, con acuse de recibo -es importante para contar los días del ultimátum, si se expresa uno, aunque también puede ser una fecha fija-.

Cuando el profesional reciba ese documento, que nos haga llegar una copia digital, o su transcripción, indicando la fecha de notificación, cuanto antes. Nuestro equipo de asesores jurídicos le orientará sobre lo procedente, con la debida reserva y sin ningún compromiso.

En ese requerimiento, la inspección intentará fundamentar su orden en una normita totalitaria pero de ínfimo rango -un decreto 247/95- que dice, nada menos, que toda la documentación administrativa que se produzca en los centros de educación deberá estar en la neolengua.

Una programación docente no es un documento administrativo. Naturalmente, el normalizador totalitario pretenderá que todo lo que produce la administración y sus agentes -funcionarios- es documento administrativo. Pero la programación no es un documento esencialmente administrativo, por varias razones: la educación no es un servicio público sujeto a monopolio: ¿cambia la naturaleza, administrativa o no, de la programación, si la elabora un profesor contratado por un centro privado? (¿es mixta la programación elaborada por profesor que trabaje en un centro concertado?) Estamos hablando de 'obediencia' y en el estado que propugna como valor superior de su ordenamiento la libertad, obediencia, la necesaria. Sólo la necesaria. ¿Por qué se ha hecho necesaria, de repente, la programación en la neolengua? ¿por un capricho político? Pues que paguen traductores, como parece que van a hacer con las lápidas. Pero, además, en derecho sancionador no caben dudas. Si hay duda sobre el carácter administrativo del documento, no puede haber sanción. Probablemente la programación es un documento estrictamente docente en manos del profesor que la ha elaborado con ese fin. No tiene que elaborarla con otro fin, aunque pueda servir a la inútil voracidad documental de la administración, que lo convierte, a saber con qué fines, en un documento administrativo cuando se incauta de ella. Si el cambio de naturaleza se produce con el cambio de manos, y admitimos la memez reglamentaria de que todos los documentos administrativos tienen que estar en la neolengua, y admitimos además, que como los romanos que pasaban el Tambre, los normalizadores han olvidado la lengua oficial del mismo Estado que cubre el déficit fiscal de sus retribuciones, pues que se lo hagan traducir. La nómina de traballadores da lingua consiente ese ejercicio inútil y mucho más.

Además, el profesor molestado con esta exigencia estúpida, puede a adaptar a su caso y dirigir a la Delegación de Educación y al Ministerio Fiscal, los modelos de denuncia que ofrecemos en esta página. (pestaña: descarga de modelos)

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[tab ==Descarga de modelos==]A la Delegación de educación respectiva.

Al Ministerio Fiscal .[/tab]
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En El Correo gallego del 04/11/2006

 

'A Mesa' exige al TSXG que aclare su sentencia "difamatoria" o presentará una querella criminal

04.11.2006 A juicio de Callón, la resolución del TSXG "no rebate ni uno solo" de los argumentos aportados por A Mesa y lamentó que este tribunal haga "caso omiso" a un "incumplimiento que incluso se reconoció con la aprobación del Plan Xeral de Normalización Lingüística"

 

'A Mesa pola Normalización Lingüística' presentó ante el Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) un recurso de aclaración a fin de que matice las "acusaciones" vertidas contra esta organización en una sentencia en la que señalaba que su función era "la defensa del proceso de normalización del gallego, pero no perseguir a profesores, inspectores, alumnos y padres".

En rueda de prensa celebrada hoy en Santiago, el presidente de A Mesa, Carlos Callón, advirtió de que, en caso de que la aclaración no resulte satisfactoria, presentarán una querella criminal contra la sala autora de la citada sentencia.

La resolución judicial, dictada el pasado 25 de octubre, inadmitió un recurso contencioso-administrativo presentado por A Mesa en 2004, ante el "incumplimiento" de las obligaciones de la inspección educativa en relación al cumplimiento de la normativa vigente en materia de normalización lingüística.

Al respecto, la sentencia insiste en que A Mesa "carece de legitimación" para solicitar la apertura de expedientes sancionadores contra la inspección o contra los docentes que incumplen la normativa y añade que ésta corresponde a los alumnos y a sus padres, sin que hubiese constancia de denuncia alguna por este motivo.

A juicio de Callón, la resolución del TSXG "no rebate ni uno solo" de los argumentos aportados por A Mesa y lamentó que este tribunal haga "caso omiso" a un "incumplimiento que incluso se reconoció con la aprobación del Plan Xeral de Normalización Lingüística".

Por ello, consideró que, "además de difamatoria", la sentencia está "llena de prejuicios" contra la lengua gallega y, como muestra de esa actitud "cuando menos, poco favorable", señaló que la propia sentencia está fechada en "La Coruña".

Asimismo, insistió en que A Mesa "siempre batalló a favor de la legislación y del consenso" y que "nunca se va a denunciar al profesorado", sino el incumplimiento por parte de la Administración de la normativa vigente.