Debate identitario

Palabras pronunciada por la presidente de Coruña Liberal en un acto cívico de la celebración de la Fiesta nacional de España y de la Hispanidad, el 12 de octubre de 2008

Ante la indiferencia, en el mejor de los casos, de la mayor parte de las élites políticas por la Nación Histórica, es decir, por las raíces de la nación cívica y política constituida bajo la ley fundamental de 1978, tenemos que ser los ciudadanos quienes recuerden que ésta no existiría sin aquélla y que los fundamentos del orden político y de la paz social, los derechos fundamentales, la libertad, la justicia y la igualdad, se ponen en el mayor de los riesgos cuando admitimos el olvido o la falsificación del proceso histórico en el que azarosamente los hemos logrado.

 

 

La falta de relieve oficial de la celebración de hoy, que podríamos decir, de la nación histórica, creemos que forma parte de ese proceso de amnesia oficial que se extiende a la menguante exaltación de la nación política el 6 de diciembre, demostrando, también en lo conmemorativo, que son dos realidades inseparables.

Tenemos que ser los ciudadanos quienes transmitamos a nuestros hijos la verdad histórica de nuestra nación para protegerles de unos textos escolares de adquisición forzosa que la falsifican y manipulan al servicio de proyectos disgregadores anticonstitucionales, basados en la homogeneidad etnolingüística interna, y movidos por el odio a lo común, no sólo a lo simbólico -señalando a la bandera- sino a todos y cada uno de los fundamentos materiales de la unidad nacional simbolizada:

  • la lengua,

  • la Historia,

  • la realidad de una sociedad española que se reconoce a sí misma como una unidad diferenciada entre las demás naciones europeas de historia paralela,

  • y todos los hechos constitutivos de esa realidad.

     

Hoy, una mirada alternativa a los fundamentos de nuestra Constitución democrática y a la dinámica política, ofrece un panorama desolador.

No se trata sólo de los ultrajes crecientes y crecientemente desvergonzados, instigados a veces desde las mismas instituciones que sostenemos, a los símbolos de la soberanía nacional, a la unidad del pueblo español como origen de todos los poderes del estado, como único titular de aquella soberanía.

Si miramos a la división de poderes, fundamento de cualquier constitución democrática, antes, incluso del espectáculo de la última renovación del Consejo del Poder judicial, hemos podido ver cómo algunas togas se enlodaban en el llamado “proceso de paz”, en la peor tradición del supuestamente derogado principio de 'unidad de poder y coordinación de funciones'.

Antes, por lo menos, se nos ahorraba la mentira de la división de poderes.

Si miramos a la vigencia formal de los derechos fundamentales, vemos que,

frente a nuestra abolición de la pena de muerte, hemos asistido durante la legislatura pasada a la apoteosis parlamentaria del crimen, del asesinato como fundamento último de la razón política.

¿O es que nuestros políticos habrían articulado el diálogo con quienes hacen política matando si no hubieran matado y si no estuviesen dispuestos a seguir haciéndolo?

Sigue vigente y latente, para oprobio de quienes la aprobaron y escarnio de los ciudadanos, la resolución parlamentaria que suspendió, hasta hoy, el estado de derecho.

Y somos los ciudadanos, el movimiento cívico, quienes hemos de mantener la conciencia más crítica frente a las groseras desviaciones de los principios, de los fundamentos de nuestra constitución, y quienes exijamos a los políticos la primacía de esos valores, fundamentos y principios, como condición previa e irrenunciable a cualquier consenso:

Es muy grave que los políticos se pongan de acuerdo en una memoria histórica oficial, cuando no es asunto del estado, salvo en las peores pesadillas estalinistas, decretar una memoria oficial. Pero es más grave cuando ese acuerdo agravia a unos ciudadanos, mezcla víctimas inocentes con verdugos sanguinarios y no tiene otro propósito que excluir de la vida política presente a quienes, dándolo por bueno, se adhieren a él creyendo que así evitan esa exclusión.

Es muy grave que los políticos consensúen y legislen sobre los hábitos lingüísticos de los ciudadanos y articulen un plan totalitario para cambiarlos, sobre el supuesto inconcebible de que no somos normales.

Ningún consenso puede alcanzarse a costa de libertades tan elementales, y si tenemos dos lenguas oficiales, los ciudadanos no deberíamos sufrir injerencia alguna de los poderes públicos o de entidades alentadas por ellos en la libertad de su uso indistinto y en la igualdad de derechos y efectos, cualquiera que fuere la lengua oficial que cada uno empleemos en cualquier momento.

Nuestros hijos viven privados de estos derechos en la práctica totalidad del horario escolar.

Por eso creemos muy oportuno conmemorar la nación histórica, que es la corriente que nos ha traído al presente, con unos derechos fundamentales conquistados después de muchos errores, que no deberíamos olvidar.

Por eso, entre otras cosas, creemos muy oportuno que simples ciudadanos celebremos la fiesta Nacional de España como fundamento de la Constitución, y de la Hispanidad como ámbito en el que ejercer la libertad cultural.