Social
 ... De la institución militar, diremos que aun estando encargada de la conservación de la integridad del territorio nacional, está paradójicamente dirigida por una militante nacionalista, que, por tanto, aspira a su desintegración. Y del Ministerio del Interior, que está a su cargo el ex portavoz del Gobierno de los GAL y ex portavoz gubernamental oficioso en las negociaciones con ETA; capaz, por tanto, de respaldar una cosa y su contraria, ambas atentatorias contra el principio de legalidad. ...

   Cuando Aristóteles desarrolló su filosofía, Grecia llevaba varias décadas arrastrando una grave crisis social y política. Según él, la palabra clave para expresar aquella crisis era “disociación”: los griegos habían dejado de sentirse parte de una misma comunidad política, de colaborar en una empresa colectiva común. Al hablar de aquellos tiempos, comenta Julián Marías: “La disociación amenaza toda la vida griega. El acuerdo se ha perdido hace muchos años; ya no se sabe lo que es bueno ni lo que es malo, lo que es justo ni lo que es injusto; no se sabe, sobre todo, quién debe mandar”. Para hacer frente a esa situación, Aristóteles proponía rehabilitar los usos sociales, los comportamientos colectivos estables y, singularmente, el principio de legalidad, la supeditación de esos comportamientos a la ley, como medio de articular una convivencia en la que quedaran restablecidos el consenso y la armonía. Hasta tal punto valoraba Aristóteles el principio de legalidad y la estabilidad consiguiente como imprescindibles instrumentos de cohesión social, que afirmó en su “Política” que una buena legislación no consiste en que las leyes estén bien establecidas y no se las obedezca, sino en que se las obedezca, y sólo en segundo lugar en su bondad.

La estabilidad de una sociedad se mide por la confianza y credibilidad que sus leyes e instituciones inspiran en sus miembros. Esas leyes y esas instituciones son, precisamente, la cristalización de todo lo que en los ámbitos político y jurídico merece perdurar. La confianza y la credibilidad las pierden aquéllas cuando dejan de ser una referencia firme y clara, y los comportamientos de quienes están a su cuidado resultan imprevisibles y contradictorios (cuando “ya no se sabe lo que es bueno ni lo que es malo, lo que es justo ni lo que es injusto”). Entonces sobreviene la confusión. “La confusión va aneja a toda época de crisis”, dice Ortega al teorizar sobre las crisis en general.

Desde bastante antes de que empezara la crisis económica, España viene sufriendo una grave crisis política que añade nuevas sombras a nuestras expectativas de futuro. Sobre la crisis que entre nosotros afecta en concreto al pilar básico de toda sociedad civilizada, el principio de legalidad, apuntaremos a un solo hecho, aunque crucial y suficientemente significativo: cuando el que sigue siendo Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, aludió, en plena negociación con ETA, a la necesidad de no vacilar a la hora de “manchar las togas con el polvo del camino”, haciendo así referencia a la opinión suya y de nuestras jerarquías jurídicas y políticas respecto a la para ellas necesaria subordinación de la ley a la oportunidad política (que ayer era una y hoy parece ser otra). En correspondencia con ello, no quedan tampoco muchas dudas para cualquier persona informada de la correlativa subordinación actual del poder judicial al político en ámbitos decisivos de la judicatura.

Pero es el conjunto de nuestras instituciones las que hoy se han convertido en el paradigma de la confusión: así, por ejemplo, el Rey, D. Juan Carlos, máximo representante institucional de nuestra identidad nacional, llegó a expresar la necesidad de “dialogar” (“hablando se entiende la gente”, decía) con los representantes del independentismo –encarnados en aquella concreta ocasión en Carod Rovira–, que buscan precisamente destruir nuestra identidad nacional. Que aquello no fue un lapsus lo demuestra el hecho de que, en ese mismo sentido, S. M. llegó a avalar también las negociaciones con ETA cuando dijo en público aquello de que “si sale, sale”. Ha añadido el monarca nuevos motivos de confusión este año al inaugurar el curso escolar en un Instituto balear en el que está vetado hablar en español.

Asimismo, las instituciones económicas encargadas de cobrar los impuestos y distribuir las prestaciones pierden también credibilidad cuando, debiendo garantizar que esa distribución se haga de modo equitativo entre las diversas regiones españolas, de hecho privilegian a unas y perjudican a otras.

La confusión afecta también a la institución parlamentaria, que ha dejado de tener claras sus tareas al haberse convertido en la práctica en un apéndice del poder ejecutivo (los parlamentarios saben que se han quedado sin funciones, y por eso sus bancadas suelen estar desoladoramente vacías).

Los principales partidos políticos, encargados como están de articular y representar la voluntad de los ciudadanos, colaboran esmeradamente en la tarea de confundirnos a todos cuando se dedican a decir una cosa aquí y otra allí, a defender hoy lo contrario de lo que defendían ayer, o a enmascarar sus verdaderas intenciones tras discursos manipuladores.

De la institución militar, diremos que aun estando encargada de la conservación de la integridad del territorio nacional, está paradójicamente dirigida por una militante nacionalista, que, por tanto, aspira a su desintegración. Y del Ministerio del Interior, que está a su cargo el ex portavoz del Gobierno de los GAL y ex portavoz gubernamental oficioso en las negociaciones con ETA; capaz, por tanto, de respaldar una cosa y su contraria, ambas atentatorias contra el principio de legalidad. Y etcétera, etcétera.

Cuando una sociedad está en crisis, y confusa por lo tanto, cabe regresar a actitudes en las que los problemas colectivos dejen de preocupar, es decir, volver a lo que podríamos llamar “infantilismo cívico” –equivalente al infantilismo emocional de quien huye hacia tiempos pasados en las crisis psicológicas–, o bien recomponer la forma de confrontarse con los asuntos públicos hasta conseguir regenerar unas instituciones que han dejado de servir adecuadamente a los fines de la empresa colectiva común. Una dualidad de opciones en cierto modo paralela a aquélla de la que también hablaba Aristóteles cuando, en los tiempos críticos que él vivía, señalaba de esta forma los dos extremos hacia los que se puede tender: “El hombre perfecto es el mejor de los animales, pero sin ley ni justicia es el peor”.

Javier Martínez Gracia, miembro del Comité Electoral Provincial de UPyD (Unión, Progreso y Democracia) de Burgos
Artículo publicado El Correo de Burgos el 06 de enero de 2009