En La Voz de Galicia.- En España el ciudadano medio trabaja cinco meses al año para sufragar los costes de todos los servicios públicos; no hay carretera gratis, escuela, policía, consulta médica, televisiones públicas ni culturas oficiales sin impuestos; todo sale de los bolsillos ciudadanos. Por eso en democracia las elecciones tienen la función de elegir a los mejores administradores como en una asamblea de accionistas paritarios de una gran sociedad colectiva, que selecciona directivos para que maximicen los frutos de sus recursos y minimicen los costes de gestión. De ahí que lo normal en una convocatoria electoral sería escuchar propuestas aquilatadas de costes e ingresos de representación: la lista A podría ofrecer hacer las cosas bien con una presión fiscal -o trabajo socialmente necesario para el ciudadano- de solo un trimestre al año; la B, de cuatro meses pero con superior calidad de suministro; la C, solo dos meses y devolución de poderes a los accionistas diciéndoles que ellos mismos lo harían mejor con sus empresas habituales. Tal sería un sistema de competencia leal por parte del Gobierno.

En la política actual algo falla. En lugar de exponer sus propios modelos de administración, los aspirantes se centran en la descalificación del adversario para hacerlo odioso a los ojos del elector; es la apuesta por el mal menor, por el «yo no soy tan malo como mi competidor». Algo insólito, incluso prohibido, en el mercado libre de provisión de los otros bienes sociales, los civiles, los mal llamados privados. Porque todo es público o todo es privado, en la medida en que todo sale de los recursos del pueblo.

El modelo electoral es muy imperfecto: listas cerradas, distritos muy grandes y selección básica por la cabeza nacional de las listas; es como comprar todos los productos en un mismo supermercado global: o se toma toda su oferta o se opta por la total del adversario. Condorcet explicó hace dos siglos lo inadecuado del sistema, pero aún no hemos aplicado los saberes de la Ilustración.

Utópicos rigurosos y nobelizados como James Buchanan han propuesto fijar en las constituciones unas cláusulas de garantía contra los excesos económicos de los elegidos: que se fije un nivel de impuestos sobre la producción social que no se pueda rebasar. Todavía nadie la aplica; sería gestionar de forma en exceso disciplinada y el poder gusta de manos libres para maniobrar con los fondos ajenos.

Así que votaremos con la incertidumbre habitual sobre los efectos del sufragio. Los cabezas de huevo estratégicos de los partidos estudiarán las debilidades psicológicas de los electores y propondrán medidas de impacto coyuntural, -traslación de las técnicas publicitarias a la política-, buscando nuestro subconsciente, las pasiones ocultas, el conductismo elemental, la imagen, la apariencia, no la esencia. Son malos tiempos para la deliberación desde la franqueza de la razón.