... Que sea el presidente de una comunidad autónoma el que dirija el debate sobre el futuro de las cajas ya es suficientemente ilustrativo de la intromisión del poder político, que actúa como si fuese una decisión propia del gobierno de la comunidad autónoma cuando lo propio es que fueran entidades privadas, sociedades anónimas, como el resto de entidades bancarias del sistema financiero español y que como tales se gestionasen. ...

¿Alguien cree en la galleguidad de una entidad financiera?, ¿qué es eso?, ¿alguien de los que defienden la necesidad de una caja de ahorros gallega conoce en detalle el estado de salud financiero de las dos cajas fusionables?

A raíz del debate, fusión, unión con otra “extranjera” (del resto de España se entiende), o la más complicada unión virtual, en lo que parece haber consenso es en el mantenimiento de la galleguidad de la caja, entendida ésta como el mantenimiento del centro de decisión en Galicia y la continuidad del “sistema financiero” gallego, dando a entender que nuestro sistema productivo y empresarial requiere de la existencia de este tipo de entidades, cuyos órganos de dirección y capital sean del lugar, autóctonos, como los carballos de la fraga del Eume. En resumen, financiando Galicia. También se hace hincapié en su importante obra social y que son entidades sin ánimo de lucro. Eso es lo que dicen nuestros políticos, sindicalistas y algunos empresarios.

Sin embargo, esa pretendida gestión autóctona, con la vista puesta en “o noso”, no ha impedido que llegasen a una situación tal que tenga que plantearse su posible fusión o cualquier otra solución que sin duda pasará por el bolsillo del contribuyente.

En una economía de mercado lo que no parece razonable es la misma existencia de esas entidades que en realidad sirven al poder, la cacareada obra social no justifica esa anomalía del mercado financiero. Que sea el presidente de una comunidad autónoma el que dirija el debate sobre el futuro de las cajas ya es suficientemente ilustrativo de la intromisión del poder político, que actúa como si fuese una decisión propia del gobierno de la comunidad autónoma cuando lo propio es que fueran entidades privadas, sociedades anónimas, como el resto de entidades bancarias del sistema financiero español y que como tales se gestionasen.

Por otro lado, existen otras formas de fomentar la obra social como las deducciones fiscales o el apoyo a las fundaciones que restan validez a esa pretendida razón de ser de las cajas de ahorro.

Lo que tampoco se pone en cuestión es qué hace a los bancos diferentes del resto de empresas para que todos los españoles tengamos que acudir en su auxilio, por unas vías u otras, cuando se encuentran en dificultades que además se ocultan a los contribuyentes. La lógica económica indica que sea el mercado el que premie o castigue la gestión de sus directivos, dejando caer hasta donde haga falta a aquellas entidades mal gestionadas y valorando aquellas otras que han sabido hacerlo bien. En lugar de eso, la sombra de la duda se cierne sobre todo el sistema, sin que acertemos a identificar a las entidades en mayor riesgo. Accionistas e impositores desconocen información vital sobre el estado real de las entidades financieras de las que son socios o acreedores, que les permitiría tomar sus decisiones individuales de inversión o desinversión de acuerdo a la lógica del mercado, aversión al riesgo, etc.

El interés y la unanimidad de políticos de todos los partidos y sindicatos sobre la galleguidad de la caja resultante, debería hacernos sospechar que nos la están metiendo doblada, como siempre, pues no en vano son los sectores sociales que menos credibilidad merecen a los ciudadanos. Por algo será.