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...Como si la Monarquía parlamentaria no hubiera sido ya avalada, con ocasión de la aprobación de la Constitución, tras el obligado referendo del 6 de diciembre de 1978, y por su refrendo cotidiano: la institución mejor valorada por la ciudadanía. Hoy, se olvida, la distinción relevante es entre autocracia y democracia, y tan democráticas son las formas de gobierno republicanas, como Estados Unidos o Alemania, como las monárquicas, entre las que se encuentran, además de la Monarquía española, la inglesa o la sueca. ...
 
DE MOMENTO, al menos, parte de la política nacional no mejora, pues sigue sumida en una situación que podríamos representar gráficamente como un enloquecido triangulo isósceles. En la base, sus dos vértices se asentarían sobre dos postulados desafortunados para el país y su ciudadanía. En el primero se encontrarían aquellos out puts presididos por la peregrina convicción de que todo lo que es constitucional o legal es oportuno. Por más que hay pocas ideas tan perversas como extrapolar la adecuación de los parámetros de la constitucionalidad/legalidad, esto es, de la juridicidad, a lo que son los referentes políticos, donde lo que se enjuicia son los aciertos de gobierno, pero dentro lo prescrito en las previas disposiciones jurídicas vigentes.

En el segundo, aun más reprobable, se constatarían aquellas conductas que violentan directamente los principios de la constitucionalidad y de la legalidad. Una circunstancia frecuente por parte de algunas formaciones políticas que siguen empecinadas en superarse, unas a otras, en la presentación de los más groseros disparates. El supuesto más llamativo ha sido estos días el requerimiento de Esquerra Republicana de Catalunya de un referendo de autodeterminación. Una petición incompatible con los principios de la titularidad del poder constituyente, que sólo se atribuye a la nación española (preámbulo de la Constitución de 1978), de la soberanía nacional, que se asigna al pueblo español en su totalidad (artículo 1.2 CE), y del principio de unidad constitucional (artículo 2 CE).

Pero no quedan aquí los despropósitos. La semana pasada conocíamos otras tres genialidades. La primera, la solicitud de la reiterada Esquerra Republicana , de conocer, en culpabilizado desglose, las cantidades asignadas al jefe del Estado para el mantenimiento de la Casa Real. Una asignación que desea presentarse como anómala, con la finalidad de poner en entredicho a la más alta magistratura del Estado, cuando la Constitución contempla la normalidad de tales gastos y su disponibilidad: «El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma» (artículo 65.1). No nos oponemos pues a una mayor concreción, si así se estimare en el Congreso, pero sin ánimo torticero e inquisitorial.

Pero aún hay otras dos propuestas infortunadas. La segunda, auspiciada por Izquierda Unida , para reclamar, ¡a estas alturas!, un referendo sobre nuestra forma de Estado. Como si la Monarquía parlamentaria no hubiera sido ya avalada, con ocasión de la aprobación de la Constitución, tras el obligado referendo del 6 de diciembre de 1978, y por su refrendo cotidiano: la institución mejor valorada por la ciudadanía. Hoy, se olvida, la distinción relevante es entre autocracia y democracia, y tan democráticas son las formas de gobierno republicanas, como Estados Unidos o Alemania, como las monárquicas, entre las que se encuentran, además de la Monarquía española, la inglesa o la sueca. Por último, de la provinciana admonición de la Consejería de Turismo de la Generalitat , de no usar el puente aéreo del aeropuerto de Madrid, sólo nos queda reírnos para no llorar.

Pero lo grave es que, mientras esto acontece, el vértice del triangulo isósceles sigue alejado de dicha clase política, en tanto la ciudadanía no ve atendidos sus verdaderos in puts. ¡Qué importan la mejora en sus condiciones laborales, la más personalizada atención sanitaria o una educación cada más integral! Ellos, ¡erre que erre!, a lo suyo, que no es lo nuestro. ¿Tendremos que dar la razón a Azaña, cuando señalaba que «es difícil gobernar en España, donde el número de personas inteligentes es muy reducido»? El artículo en La Voz de Galicia